Envían a prisión al exdirector de Función Publica Cesar Manrique Soacha y a otros siete más por corrupción en la UNGRD.
La Fiscalía General de la Nación por medio de una juez penal de control de garantías impuso detención en establecimiento carcelario al exdirector del Departamento Administrativo de Función Publica, César Manrique Soacha, y otras siete personas que al parecer estarían relacionadas a la apropiación indebida de recursos públicos de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).
En la investigación desarrollada por un equipo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte suprema de Justicia se logró identificar que, el exdirector Manrique, gestionó un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre por un valor de 100.ooo millones de pesos, exigiendo que los contratos fueran entregados a personas de su interés.
Entre los otros implicados en la decisión judicial se encuentran el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, junto a su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien se ejercía el rol como contratista de la UNGRD. Asimismo, fueron afectados el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; así como Jorge Aristizábal Rodríguez, asesor de la Dirección de Función Pública, y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista vinculado a la UNGRD.
Los anteriores mencionados se les acusa por delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos,
peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
En este contexto, los demás investigados habrían participado en el direccionamiento irregular de contratos relacionados con la adquisición de 40 carrotanques pequeños, la provisión de plantas desalinizadoras, la activación de pozos de agua potable, las interventorías correspondientes y servicios de topografía a nivel nacional.
Uno de los contratos en cuestión fue firmado en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú, por un valor de 29.000 millones de pesos, cuyo objetivo era llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira mediante el suministro de carrotanques. En dicho proceso, se identificaron sobrecostos por 13.164 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones habrían sido entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones a Riveros Rey y 6.380 millones quedaron en poder de los directivos de Yapurutú.
