Los mandatarios de los más de 1.100 municipios que hay en Colombia tendrán la posibilidad de echar abajo, parcial o totalmente, las excepciones contempladas en el nuevo decreto 749 del 2020, que imparte instrucciones relacionadas con la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.

Sin embargo, esta facultad también tiene unos límites definidos, como por ejemplo que una eventual suspensión de estas disposiciones debe tratarse de un caso especial, y que esté relacionado con incremento de contagios, y debe contar con el visto bueno del Ministerio del Interior.

“Cuando un municipio presente una variación negativa en el comportamiento de la epidemia del coronavirus covid-19 que genere un riesgo excepcional a criterio del Ministerio de Salud y Protección Social, esta entidad enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga la descripción de la situación epidemiológica del municipio relacionada con el covid-19 y las actividades o casos que estarían permitidos para ese municipio, con base en lo cual, el Ministerio del Interior ordenará al alcalde el cierre de las actividades o casos respectivos”, relaciona el decreto en uno de sus apartes.

Esta decisión ha venido generando controversia en algunos municipios, ya que algunos alcaldes han tomado decisiones que han entrado a impactar aspectos fundamentales como la economía y la movilidad, pasando incluso por encima de las autoridades departamentales.