Con el nuevo sistema, Colombia busca pasar de un modelo de pensión como “privilegio” a uno de “derecho”, abordando la baja cobertura actual.
En una noche crucial para el futuro pensional de Colombia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, desglosó en el Consejo de Ministros del martes 3 de junio de 2025, los detalles del nuevo sistema de pilares que implementará la Ley pensional 2381, aprobada en junio de 2024 y sancionada por el presidente en julio del mismo año.
Esta normativa, calificada como uno de los legados sociales más importantes del Gobierno Petro, busca transformar la pensión de un “negocio” a un “derecho” garantizado por el Estado.
De acuerdo con Sanguino, el nuevo modelo pensional se estructura en cuatro pilares fundamentales: Solidario, Semicontributivo, Contributivo y de Ahorro Voluntario Complementario.
Un enfoque de género y cobertura histórica
La Ley Nacional de Protección Integral para Vejez, Invalidez o Muerte fue construida con la participación de diversos actores sociales y económicos, y representa, por primera vez en la historia del país, una ley con un enfoque de género y diferencial.
Los pronósticos son ambiciosos: en el primer año de su implementación, la cobertura pensional pasará del 24% al 57%, y se proyecta que para el año 2050 alcanzará un 86%, protegiendo a más de 13.7 millones de personas.
Según el ministro Sanguino, esta ley representa la materialización del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y del Plan de Desarrollo, con el fin de asegurar una vejez digna para todos los colombianos.
El reto de la cobertura
Sanguino realizó un diagnóstico crítico del sistema pensional previo, señalando que la cobertura actual es de apenas el 24%, lo que convierte la pensión en “un privilegio” para quienes han logrado ahorrar.
En ese sentido, detalló las cifras: el régimen de prima media cuenta con 6.9 millones de afiliados y 2.1 millones de pensionados, mientras que el régimen de ahorro individual, con 19.2 millones de afiliados, solo ha logrado pensionar a 366,000 personas, con 476,500 en regímenes excepcionales.
