Controversia por pago de honorarios en un contrato de la Gobernación

La contraloría no aceptó la explicación del Instituto de Cultura del Meta

 

Un informe de auditoría al Instituto de Cultura del Meta, publicado la semana pasada por la Contraloría Departamental, genera una controversia sobre los honorarios que se le pueden pagar desde el Estado a un artista.

Por un lado, la Contraloría considera que en el contrato de prestación de servicios 122 de 2020 cuyo objeto era “Prestar los servicios como instructor de danza tradicional llanera con los diferentes grupos poblacionales en el Municipio de Acacías” existió un sobrecosto en la estimación de los honorarios cancelados al contratista, tomando como referencia el histórico en contrataciones de objetos similares en 2018 y 2019.

El ente fiscal precisa que en esas vigencias, los honorarios cancelados a los contratistas con actividades relacionadas a los instructores de danza tuvieron un valor promedio de $2.500.000, mientras que para el contrato de 2020 el honorario se pactó en $3.600.000 mensuales, superando en $1.100.000 el honorario mensual, equivalente a un aumento del 44%.

El instituto respondió que “se contrata la calidad o el intelecto, por lo tanto, la fijación de los honorarios no se puede estandarizar en este tipo de contratos como si se tratara de un servidor público, ni en el aumento de un año se aplica el IPC, porque cada persona tiene su propia valoración del conocimiento que posee y no puede la entidad del Estado fijar unilateralmente el valor de los honorarios”.

Diferente a los contratos de prestación de servicios profesionales, cuyos honorarios son distintos porque se atiende el grado de formación del profesional, la experiencia, el reconocimiento que exista sobre él, para determinar junto con el profesional el valor que se va a pactar en el contrato.

El Instituto de Cultura agrega que “el Contrato de Prestación de Servicios tiene unos descuentos municipales y departamentales aproximadamente del 30% y debe cancelar el 40% del valor del contrato al Sistema General de Seguridad Social”.

La Contraloría Departamental no aceptó la explicación y mantuvo la anotación de presunto daño fiscal.

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