Cuarenta años después, Colombia recuerda la tragedia del Palacio de Justicia.
Cuarenta años después de la toma del Palacio de Justica, Colombia sigue buscando respuestas sobre uno de los episodios más dolorosos en la historia del país. Los días 6 y de 7 de noviembre de 1985 el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, fue escenario de un violento enfrentamiento entre la guerrilla del M-19 y las fuerzas militares, dejando un saldo de cerca de un centenar de fallecidos, numerosos heridos y varios desaparecidos, y dejando una profunda cicatriz en las instituciones del país.
El conflicto tiene sus raíces en el acuerdo de cese al fuego firmado en agosto de 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y el M-19. La tregua se rompió al año siguiente, cuando la guerrilla acusó al Estado de incumplir los compromisos pactados. Los organismos de inteligencia alertaron sobre un posible ataque, y en un consejo de seguridad el 30 de septiembre de 1985 se advirtió formalmente a la Corte Suprema sobre las amenazas, sin embargo, las medidas de protección fueron insuficientes y la seguridad del edificio quedó comprometida tras la retirada inexplicada de la guardia policial tres días antes del asalto.
El 6 de noviembre, en horas de la mañana, un primer grupo de insurgentes ingresó al Palacio haciéndose pasar por civiles, y minutos más tarde un camión con cerca de 30 guerrilleros irrumpió por el sótano, dando inicio a la denominada “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. El comando del M-19, compuesto por 35 personas bajo el liderazgo de Alfonso Jacquín y Luis Otero, tomó los pisos superiores y mantuvo como rehenes a magistrados, empleados y visitantes, con el objetivo de realizar un juicio político al presidente Betancur.
La reacción militar fue inmediata y el Ejército rodeó la Plaza de Bolívar y lanzó un operativo con tanques y vehículos blindados, durante los combates, el entonces presidente de la Corte Suprema Alfonso Reyes Echandía, hizo un desesperado llamado a los medios: “¡Que cese el fuego, por favor!”, que se convirtió en símbolo del horror vivido dentro del Palacio, provocando cobertura la censura mediática por orden de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, y los informativos fueron suspendidos bajo amenaza de intervención militar.
El enfrentamiento provocó varios incendios dentro del Palacio, uno de ellos de gran magnitud que destruyó gran parte del edificio y acabó con la vida de quienes aún permanecían en su interior. Al día siguiente, en la madrugada del 7 de noviembre un tanque disparó ráfagas y cohetes contra la fachada, mientras las fuerzas militares lanzaban la ofensiva final conocida como Operación Rastrillo. Hacia el mediodía comenzaron a evacuar a los rehenes sobrevivientes y, a última hora de la tarde, cesaron los combates, dejando el Palacio reducido a escombros.
El saldo oficial fue de al menos 94 muertos, incluidos 11 magistrados, y un número indeterminado de heridos, además se reportaron al menos 12 desapariciones forzadas, de las cuales solo una víctima, Ana Rosa Castiblanco, ha sido identificada hasta hoy. Entre los casos más recordados está el del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cuya muerte dentro del Palacio sigue siendo objeto de controversia entre la Fiscalía colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Palacio de Justicia fue reconstruido y reabierto en 1999 como Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, en homenaje al magistrado que imploró el cese del fuego. Mientras tanto, el M-19 firmó la paz en 1990, desmovilizándose y transformándose en partido político, con indulto general para sus integrantes.
A cuatro décadas de los hechos, la toma del Palacio de Justicia permanece como una de las heridas más profundas en la memoria colectiva de Colombia, un recordatorio de la fragilidad de la justicia y la sociedad frente a la violencia.
