SIC autoriza la integración entre Tigo y Movistar, pero impone fuertes controles.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio luz verde este 14 de noviembre a la integración entre Tigo y Movistar, no obstante, la aprobación no fue plena, sino condicionada, tras un análisis técnico que identificó tanto oportunidades para el mercado como riesgos que podrían alterar la competencia.
La operación implica que Millicom, accionista de Tigo, adquiera las acciones de Movistar de tal manera que ambas compañías pasaran a formar parte del mismo grupo empresarial y dejarían de competir directamente en 19 mercados que abarcan desde servicios móviles y fijos hasta acceso mayorista de infraestructura. La decisión marca un punto de inflexión para un sector donde estos dos operadores históricamente han sido rivales.
Por qué la SIC dijo sí.
La Superintendencia explicó que la integración podría traer beneficios de peso si se maneja bajo reglas estrictas como por ejemplo:
- Consolidación de infraestructura que permitiría optimizar redes ya existentes.
- Reducción de costos operativos que, según el análisis, podría reflejarse en mejores precios o mayor calidad.
- Más músculo financiero para invertir en 5G y cerrar brechas de conectividad.
- Posibilidad de ampliar cobertura y mejorar la experiencia del usuario en regiones donde hoy persisten fallas de servicio.
El estudio contó con insumos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC.
Los riesgos que prendieron las alarmas.
La integración también despertó preocupación en los mercados móviles y fijos, incluyendo potencial bloqueo a rivales y coordinación entre los principales operadores. Para ello, la impuso varios condicionamientos:
- La reducción del número de competidores relevantes en servicios móviles y fijos.
- Potenciales bloqueos a operadores pequeños.
- Posible coordinación de condiciones entre actores dominantes del mercado.
- Acceso a información sensible que podría usarse para ganar ventaja.
Los frenos que impuso la Superintendencia.
Para evitar que la integración afecte la competencia o a los usuarios, la SIC estableció una serie de medidas obligatorias:
- Descuentos entre 12,5% y 46% en tarifas de acceso para el uso de redes RAN y OMV, con el fin de no ahogar a los operadores más pequeños.
- Prohibición de campañas comerciales que apunten directamente a debilitar a competidores de menor tamaño.
- Transparencia total en ofertas combinadas o empaquetadas.
- Limitación de la participación de Movistar en ONNET, para evitar ventajas indebidas o intercambio privilegiado de información.
- Vigilancia independiente y auditorías periódicas que verificarán el cumplimiento de las obligaciones durante cuatro años.
Lo que sigue para el mercado.
Los condicionamientos estarán vigentes por cuatro años, a menos que la CRC expida una regulación especial antes de ese plazo. Para la SIC, estas medidas son clave para garantizar que la integración no termine reduciendo opciones para los usuarios, sino potenciando infraestructura, cobertura e innovación.
