La Contraloría identificó presunto detrimento financiero a la Aerocivil por 5.670 millones.
De acuerdo con el más reciente informe de la Contraloría General de la República, se hallo un presunto perjuicio patrimonial por $5.670 millones en una Auditoría Financiera realizada a la Aeronáutica Civil (Aerocivil), organismo estatal encargado del control y regulación de la aviación civil en el país.
La Aerocivil, suscribió el contrato 22001380 02 H3 de 2022, que tiene por objeto prestar el servicio de mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de aguas en la regional centro sur. Dentro de la auditoria, el ente de control evidenció que no se cuenta con «las debidas licencias, permisos y autorizaciones necesarias, particularmente en los terminales aéreos de Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente y Villagarzón”.
Para la Contraloría, la operación y tratamiento de agua potable (PTAP) de una Terminal Aérea que cuente con este sistema de suministro, “es indispensable la autorización de Concesión de Aguas por parte de la Corporación Autónoma Regional de su jurisdicción». De la misma manera, el ente señaló que “para las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) de una Terminal Aérea, el propietario u operador debe contar con el Permiso de Vertimientos expedido por la Corporación Autónoma Regional de cada jurisdicción”.
Llevar a cabo la operación y mantenimiento de estos sistemas sin las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes no solo viola las leyes y normas vigentes sino que además representa un grave riesgo para la salud de usuarios y visitantes de los aeropuertos, así como de las personas que residen en sus alrededores.
Según el ente de control, en los aeropuertos de los municipios de Villagarzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán, y Leticia, no se cumple con los permisos vigentes para las Plantas de Tratamiento de las Aguas Potables, ni de la correspondiente Concesión de aguas, sumado a que, en los aeropuertos de Villagarzón, San Vicente del Caguán, Puerto Asís, Pitalito, Neiva, Mariquita, Guaymaral y Florencia, no se tienen los permisos o autorizaciones exigidos por las Autoridades Ambientales para los vertimientos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
Otro aspecto señalado por la Contraloría tiene que ver con la baja ejecución del “Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales en las regiones apartadas del país”. Conforme al Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026, la Aerocivil adelanta el proyecto de conectar las zonas más alejadas del país mediante infraestructura de transporte aéreo, que incluye la intervención y mejora de pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas y cercos de 14 aeródromos priorizados, propiedad de entidades territoriales.
De acuerdo con los hallazgos, en la primera fase del programa, la Aerocivil asignó recursos por más de $377 mil millones a través del Convenio Interadministrativo 23001315 H3 de 2023 ($13.256 millones) y el Contrato Interadministrativo 23001314 H3 de 2023 ($363.763 millones) con el Ejército Nacional y ENTerritorio. El plazo de ejecución de estos acuerdos iba de 2022 hasta mayo de este año, con el objetivo de realizar obras en seis aeródromos: Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas, Cumaribo, La Primavera y Magüí Payán. Sin embargo, solo se reportaron avances físicos en Cumaribo (8,47%) y La Primavera (6,28%).
La Contraloría, concluyó que para el 31 de diciembre de 2024 el programa apenas registraba un progreso del 2,31%, a pesar de que su finalización estaba programada para el 31 de mayo de 2025. Según el organismo de control, este retraso provocaría serias afectaciones en las comunidades beneficiarias y ocasionará mayores costos y demoras en la ejecución, en comparación con lo inicialmente planeado y lo ofrecido a estas poblaciones.
