Contraloría alerta por $2 billones en contratos que no estarían cobijados por la Ley de Garantías.
En plena temporada electoral, la Contraloría General de la República encendió las alertas tras identificar 6.292 contratos directos por más de $2 billones que no estarían amparados por las excepciones de la Ley 996 de 2005, luego de la entrada en vigor de las restricciones contractuales el pasado 31 de enero.
El hallazgo fue revelado por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, durante el foro nacional “Garantías electorales, un diálogo con las regiones”, donde presentó un balance del seguimiento preventivo al uso de recursos públicos en época electoral.
En total, el ente de control analizó 25.685 contratos por $2,8 billones, tras depurar las excepciones previstas en la ley (salud, defensa, seguridad, emergencias, desastres, urgencia manifiesta o crédito), concluyó que los 6.292 contratos señalados no corresponderían a sectores exceptuados y fueron firmados entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026.
Según la Contraloría, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos, concentran el mayor número de contratos suscritos tras la entrada en vigencia de la restricción y que no tendrían excepción legal.
El informe también reveló que, pese a la activación de la Ley de Garantías, se identificaron 368 contratos directos por $31.959 millones relacionados con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas y logística, firmados en el mismo periodo por entidades públicas.
Adicionalmente, entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de enero de 2026, se suscribieron 17.841 contratos directos por más de $1,68 billones, asociados a este tipo de actividades, lo que refuerza la línea de seguimiento enfocada en posibles usos proselitistas de recursos públicos.
Frente a estos hallazgos, el contralor Rodríguez indicó que: “la vigilancia a la Ley de Garantías ha evolucionado hacia un modelo más preventivo, basado en datos, trazabilidad contractual y alertas tempranas, que permitan anticipar irregularidades antes de que se materialicen”.
Riesgos en el entorno electoral.
El ente de control también advirtió sobre los desafíos institucionales que rodean el proceso electoral.
“Somos conscientes de que hoy enfrentamos desafíos complejos: la polarización, la desinformación, el orden público y la violencia política, así como las brechas sociales ponen a prueba nuestras instituciones y nuestra capacidad de respuesta.. Precisamente por ello, espacios como éste evidencian el esfuerzo al que estamos llamados para fortalecer las garantías electorales, promover prácticas responsables y avanzar hacia mecanismos que reduzcan la desigualdad y dignifiquen la participación democrática”.
Con estas cifras, la Contraloría reiteró que mantendrá el seguimiento preventivo y el análisis de datos contractuales durante la temporada electoral, con el objetivo de anticipar posibles irregularidades y garantizar que la contratación pública se ajuste estrictamente a los límites establecidos por la Ley de Garantías.
