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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir ataques y ubicar a los máximos responsables de las acciones armadas.

Violencia, bloqueos y amenazas marcan el inicio del paro armado del ELN en varias regiones.

El paro armado convocado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó con una serie de hechos violentos que alteraron la seguridad y la movilidad en distintas zonas del país. En su primer día de ejecución, la acción insurgente dejó ataques armados, vías cerradas, vehículos incinerados y una víctima mortal, en medio de un amplio despliegue de la fuerza pública.

El hecho más grave se presentó en Puerto Santander, Norte de Santander, donde un ataque del ELN contra la estación de Policía terminó con la muerte de un conductor de ambulancia que transitaba por el sector durante el hostigamiento. El hombre fue alcanzado por disparos y falleció en el lugar, convirtiéndose en la primera víctima fatal asociada al paro armado, la ofensiva incluyó atentados contra infraestructura estratégica.

En Santander, el peaje de La Lizama, en la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, fue blanco de un ataque que dejó a una funcionaria herida, mientras que, en La Guajira, una subestación policial ubicada en el sector de Cuatro Vías, en Maicao, también fue atacada con disparos, aunque sin reporte de lesionados.

En Norte de Santander, artefactos explosivos abandonados obligaron al cierre de corredores clave, como la vía Cúcuta–Pamplona y la carretera hacia el municipio de Zulia, mientras unidades del Ejército realizaban detonaciones controladas. Situaciones similares se presentaron en Antioquia y Cauca, donde la presencia de cilindros, banderas y obstáculos en las carreteras generó cierres preventivos y alertas de seguridad.

En el sur del Cesar, sobre la Ruta del Sol, un vehículo de carga pesada fue atravesado intencionalmente para bloquear el paso en el municipio de Pelaya, lo que paralizó el tránsito durante varias horas. Las autoridades departamentales anunciaron refuerzos en seguridad y patrullajes en los principales corredores para evitar nuevas interrupciones y proteger a la población civil.

En Antioquia, otro hecho de alto impacto fue la quema de un bus intermunicipal en el municipio de Valdivia, luego de que hombres armados instalaran un retén ilegal. El incidente incrementó la preocupación por la seguridad en las vías que conectan el departamento con la región Caribe.

No obstante, el departamento del Cauca ha sido uno de los más afectados. Allí se reportaron múltiples acciones atribuidas al ELN, entre ellas la instalación de símbolos del grupo armado y la ubicación de artefactos explosivos en municipios como Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao. En la vía Panamericana, a la altura del sector de Mondomo, el hallazgo de un cilindro obligó a suspender el tránsito mientras se garantizaba la seguridad del corredor.

Ante el aumento de los hechos violentos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir ataques y ubicar a los máximos responsables de las acciones armadas.

El paro armado fue anunciado por la Dirección Nacional del ELN y respaldado por estructuras urbanas del grupo insurgente, que emitieron advertencias a la población para restringir desplazamientos. Además, se lanzaron amenazas directas contra varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Barrancabermeja y Popayán.

Desde el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro rechazó la medida y ordenó a la fuerza pública actuar para garantizar la seguridad y evitar que el país quede paralizado por acciones armadas. A su vez, organismos de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo pidieron medidas urgentes para proteger a las comunidades afectadas.