Contraloría cuestiona viabilidad del decreto para trasladar pensiones de fondos privados a Colpensiones.
La Contraloría General de la República alertó sobre posibles riesgos fiscales y jurídicos en el proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo que busca reglamentar el traslado de recursos pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.
Según el órgano de control, uno de los principales puntos de preocupación es que los recursos de ahorro pensional (concebidos para garantizar ingresos en el largo plazo), podrían terminar siendo utilizados para cubrir gasto corriente, específicamente el pago de mesadas pensionales. Esto, advierte la entidad, comprometería la sostenibilidad del sistema en el futuro.
El análisis preliminar se centra en el borrador de decreto que reglamenta el traslado de recursos del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM), en el marco de la reforma pensional establecida en la Ley 2381 de 2024, actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional.
De acuerdo con cifras con corte a febrero de 2026, un total de 119.496 personas se han trasladado del RAIS al RPM, con recursos que ascienden a cerca de 24,7 billones de pesos. De este grupo, 18.507 personas ya adquirieron el derecho a pensión —con ahorros estimados en 5,1 billones— mientras que 100.989 aún no cumplen los requisitos y continúan aportando aproximadamente 686.642 millones de pesos anuales.
La Contraloría enfatiza que el artículo 76 de la Ley 2381 establece que los recursos de las cuentas individuales deben permanecer bajo administración de los fondos privados hasta que se consolide el derecho pensional. En ese sentido, considera que no es jurídicamente viable ordenar el traslado total de los recursos, especialmente cuando la mayoría de los afiliados aún no cumple los requisitos para pensionarse.
A esto se suma otro obstáculo: incluso en el caso de quienes ya tienen derecho a pensión, las AFP han manifestado que no es posible trasladar los recursos debido a que el Decreto 1225 de 2024 dispone que estos deben permanecer en los fondos hasta que entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Actualmente, dicho fondo no ha sido implementado, lo que, según la Contraloría, implica que no existe un mecanismo institucional para recibir los recursos que se pretenden trasladar. Esto dejaría sin sustento operativo la propuesta del Ministerio del Trabajo.
En este contexto, el ente de control concluye que la implementación del decreto sería inviable bajo la normativa vigente, además, recuerda que la Ley 2381 de 2024 se encuentra suspendida mientras la Corte Constitucional define su exequibilidad.
De ser avalada, los recursos no irían directamente a Colpensiones, sino al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que sería administrado por el Banco de la República, lo que refuerza las dudas sobre el alcance del decreto propuesto.
Finalmente, la Contraloría advierte que avanzar en este esquema podría aumentar el pasivo pensional del Estado, al priorizar un alivio fiscal de corto plazo sobre la sostenibilidad de largo plazo. En otras palabras, aunque se atenderían obligaciones inmediatas, se reduciría el ahorro disponible, trasladando mayores cargas a las futuras generaciones.
