Fiscalía de la Corte Penal Internacional respalda avances del Gobierno y la JEP en justicia restaurativa y apoyo al Acuerdo de Paz.
La delegación de la Corte Penal Internacional (CPI) destacó los avances de Colombia en la investigación, juzgamiento y sanción de crímenes internacionales, así como en la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado, durante su reciente visita oficial al país. El pronunciamiento se dio en el marco del principio de complementariedad y del Acuerdo de Cooperación suscrito en 2021 entre el Estado colombiano y la Fiscalía de la CPI, mecanismo que consolidó el seguimiento internacional al cumplimiento de las obligaciones en materia de justicia.
La Corte resaltó como logros significativos la emisión de sentencias, la adecuada calificación jurídica de conductas y la identificación de patrones macrocriminales dentro de los procesos que adelantan las autoridades nacionales. Estos avances, según la delegación, evidencian progresos concretos en la lucha contra la impunidad por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Las conclusiones fueron presentadas al cierre de la novena sesión ordinaria de la Instancia de Articulación (Insart), espacio de coordinación entre el Gobierno nacional, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Colombia, referente en justicia transicional.
Otro de los puntos destacados por la CPI fue el liderazgo global de Colombia en materia de justicia transicional. El modelo restaurativo implementado tras el Acuerdo Final de Paz fue señalado como un referente internacional por su carácter innovador y por sus aportes colectivos y sociales a la reparación de las víctimas.
La delegación subrayó que el enfoque restaurativo no solo busca sancionar a los responsables, sino también garantizar verdad, reparación y no repetición, pilares fundamentales del sistema transicional colombiano.
Por su parte, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, explicó que el trabajo articulado entre el Gobierno nacional y la Unidad de Búsqueda permite fortalecer la implementación efectiva de las decisiones judiciales. Ramelli indicó que las sentencias deben estar respaldadas en proyectos restaurativos que contribuyan a reparar los daños ocasionados por el conflicto, al tiempo que aseguren condiciones de seguridad y habitabilidad para que los comparecientes puedan cumplir con las sanciones impuestas.
