Petro exige depurar y controlar a fondo el sector de seguridad privada tras hallazgos de armas sin control y licencias irregulares.
El presidente Gustavo Petro reveló a través de su cuenta de X, revelo nuevos hallazgos sobre presuntas irregularidades en el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia, tras una revisión ordenada a las licencias otorgadas desde 1993 y al uso de armas en este sector, históricamente cuestionado por su opacidad y su posible infiltración criminal.
Según el informe presentado por Yennifer Parra, exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, y que actualmente es la directora de la Unidad Solidaria, se identificó que en el país se han otorgado licencias para 2.019 empresas de vigilancia, de las cuales 1.100 fueron tramitadas entre 2018 y 2022, periodo en el que, según Petro, se disparó la creación de compañías de seguridad y la entrega de armas de fuego. El Gobierno asegura que, en contraste, su administración registra una reducción significativa en la expedición de permisos debido a mayores controles.
La revisión permitió establecer que actualmente 1.351 empresas tienen servicios activos, distribuidas en 810 compañías de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores. A raíz de esto, Petro ordenó a la Superintendencia de Vigilancia investigar a fondo a estas entidades, que manejan personal armado y vehículos blindados.
El mandatario afirmó que los hallazgos confirman sus denuncias de años anteriores: licencias y permisos habrían terminado al servicio del crimen organizado y de estructuras vinculadas al paramilitarismo, incluso con nexos en el sector de juegos de azar y participación de actores políticos.
Uno de los puntos más críticos del informe es la existencia de 197 empresas inactivas que reportan 62.664 armas, cuyo paradero o uso actual es desconocido. Al cruzar información con la Dijín, se detectó que algunas armas con series registradas en estas empresas coinciden con armamento incautado en operativos policiales asociados a homicidios, extorsiones y porte ilegal.
En medio del proceso de depuración, 16 licencias fueron canceladas por haberse tramitado irregularmente, y actualmente está en marcha varias investigaciones en la Fiscalía. De la misma manera, en articulación con esta entidad, fueron capturados los representantes de tres empresas , SARA Ltda., Securbel Ltda. y Pretoria Ltda. que, según la investigación, funcionaban como fachadas para entregar carnés a miembros de organizaciones criminales. Entre los beneficiarios figuran alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo, y alias Pichi Belén, presunto jefe de “La Oficina”.
A una de estas empresas se le aplicó extinción de dominio, y sus bienes quedaron bajo administración de la SAE, mientras la Superintendencia se constituyó como víctima en el proceso.
Finalmente, Petro destacó cinco operativos realizados en Barranquilla, donde se evidenció que escoltas, socios y directivos de algunas compañías de seguridad estaban vinculados a investigaciones por homicidios, extorsión y hurto. Estas empresas operaban con 696 hombres, 21 vehículos y 483 armas, según el reporte. En los procedimientos participaron la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Procuraduría.
El mandatario aseguró que estos son apenas los primeros resultados de una estrategia de depuración que continuará en nuevas fases operativas y de verificación.
