El próximo lunes 18 de marzo juez resolverá si envía a la cárcel o deja en libertad a un funcionario y tres contratistas del municipio capturados el martes último en la capital del Meta.

VILLAVICENCIO. El Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías en Villavicencio resolverá el próximo lunes 18 de marzo a las 2:00 de la tarde, si envía a la cárcel o deja en libertad a un funcionario y tres contratistas del municipio.

Se trata del ingeniero, Hugo Leonardo Ortiz Cárdenas, funcionario de la Alcaldía de Villavicencio; Elmer González, representante legal de Asomaroquia, Néstor Hernando Romero García y Jaqueline Cazallas Bautista, estos tres últimos empleados de Asomaroquia.

La Fiscalía enrostró cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

Los hechos se relacionan con la celebración de un convenio entre Asomaroquia y la Secretaría de Educación del por mil 333 millones de pesos para conexión de internet a 149 instituciones educativas.

Señala el organismo judicial que, Asomaroquia no tenía idoneidad en cuanto a la experiencia, capacidad técnica y financiera, para ejecutar el contrato; para lo cual se presume que falsificó la firma de proveedores y presentó autorizaciones falsas que habrían generado la consignación de dineros en las cuentas de las parejas sentimentales de Ortiz Cárdenas, funcionario de la Alcaldía, y de Cazallas Bautista, servidora de Asomaroquia.

Adicionalmente, evidenció el mismo ente acusador que subcontrataron con la empresa “Predia Networt” que tampoco era idónea para prestar el servicio y habría comprado internet a un operador nacional, por paquete mensual de 102 megas y 150 megas en el último mes del contrato, pagando por este servicio 50 millones de pesos de los 819 millones que costaba el subcontrato, desconociendo que debían entregar realmente 950 megas mensuales de conectividad a los colegios.

Según el organismo investigador, los imputados, al parecer, formarían parte de las empresas que prestaron el servicio de conectividad en años anteriores, con los convenios firmados entre 2012 y 2015.

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