Más de 300.00 colombianos salieron de la pobreza energética en 2024.
El último reporte del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), presentado este 18 de noviembre de 2025 por Promigas y Fundación Promigas en Cali, confirma un avance significativo en la reducción de privaciones energéticas en el país: durante 2024, más de 300.000 personas dejaron de estar en condición de pobreza energética. Con esta variación, el indicador descendió de 16,1 % en 2023 a 15,4 % en 2024.
Aun así, la cifra sigue siendo alta. Según el informe, alrededor de 8,1 millones de colombianos continúan enfrentando limitaciones para acceder y usar energía de manera adecuada, lo que mantiene la pobreza energética como un problema estructural y un reto urgente.
Qué revela la tercera edición del IMPE.
El documento destaca que la pobreza energética es entendida como una situación donde confluyen diversas privaciones relacionadas con el uso de la energía, las cuales afectan la posibilidad de las personas para realizar actividades esenciales en su vida diaria.
La nueva edición del IMPE, desarrollada con la firma Inclusión SAS, confirma avances, pero también insiste en la persistencia de brechas regionales y rurales que frenan el cumplimiento de metas nacionales. Aunque el descenso de 0,7 puntos porcentuales entre 2023 y 2024 representa uno de los avances más notorios de los últimos años, el informe subraya que 1 de cada 6 colombianos sigue siendo pobre energético.
El documento advierte que, si el país continúa reduciendo la pobreza energética al ritmo registrado (con cerca de 300.000 personas superando esta condición cada año), Colombia solo alcanzaría una cifra de un dígito en 2034, cuatro años después de lo propuesto. Por esta razón, esta edición del IMPE incluye una hoja de ruta diseñada para acelerar acciones y orientar el cumplimiento del objetivo hacia 2030, un horizonte que exige cerrar brechas históricas y articular esfuerzos institucionales, según el informe.
Las brechas más críticas están en Córdoba, Chocó, La Guajira y Vaupés.
Aunque el promedio nacional mostró una reducción, el reporte recalca que la pobreza energética no se distribuye de manera uniforme. Los datos reflejan que las brechas territoriales más severas se encuentran en: Córdoba (45%), Chocó (52,8%), La Guajira (63,1%) y Vaupés (86,5%), lo que evidencia la urgencia de intervenciones territoriales diferenciadas.
Por el contrario, la situación es más favorable en regiones como Bogotá (1,4%) y los departamentos de Quindío (2,9%), Valle del Cauca (3,5%) y Risaralda (4,6%), que registran bajos niveles de privación energética, es decir, evidencian mejores condiciones para estudiar, trabajar y aprovechar la energía en beneficio de sus habitantes.
El IMPE como herramienta de política pública.
Aunque el índice es principalmente un instrumento de diagnóstico, el documento lo presenta como una herramienta para orientar decisiones públicas. El IMPE, según la versión divulgada, permite identificar rutas para reducir la pobreza energética con criterios de equidad y eficiencia, además de servir como carta de navegación para los tomadores de decisiones.
Dentro del mismo comunicado se destaca que alcanzar un dígito para 2030 es posible si se implementan medidas que aceleren la reducción de brechas regionales y rurales, especialmente en los departamentos con mayores rezagos. El presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, sostuvo que el IMPE debe entenderse como una guía para diseñar políticas que permitan cerrar brechas históricas.
“El IMPE es más que una métrica: es una hoja de ruta para transformar vidas y cerrar brechas históricas; es una carta de navegación para los gobernantes. Alcanzar un dígito en 2030 es posible a través de la implementación de diferentes medidas que reducirían las brechas regionales y rurales a un ritmo acelerado”.
