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Exmilitares confiesan detalles de crímenes en falsos positivos

 

Ocho exmilitares del ejercito admitieron este martes en una audiencia pública su participación en el asesinato y desaparición de 49 personas en Dabeiba, Antioquia.  

 

Este martes 27 de junio se llevó a cabo en Dabeiba, occidente de Antioquia, la audiencia pública de Reconocimiento de la Verdad donde se revelaron detalles de los asesinatos y desapariciones forzadas de personas que fueron presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

“Hoy estoy aquí para decir la verdad”, sentenció el excoronel Edie Pinzón Turcios, quien confesó ante la JEP que su modus operandi consistía en “asesinar personas vulnerables, estigmatizadas y señaladas de guerrilleros” en Dabeiba.

“Destrocé una familia, dejé una esposa sin su esposo, dejé unas hijas sin su padre, dejé unos padres sin su hijo, impedí que un hombre trabajador continuara cultivando su tierra y haciendo de ella un mejor lugar”, lamentó Pinzón.

El excoronel apuntó a “muchos factores” que los llevaron a incurrir en estas ejecuciones, uno de ellos la alianza con las extintas paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Otro de los exmilitares, Hermes Alvarado, achacó su responsabilidad en los falsos positivos a omitir, callar y no denunciar en una mentira que continuó “por mucho tiempo”

El sargento Fidel Iván Ochoa Blanco, exintegrante del Batallón contra Guerrilla, manifestó que los comandantes en ese entonces les pedían aumentar el número de muertos para presentarlos como integrantes de grupos criminales dados de baja en combate

“Efectuamos y creamos un libreto casi perfecto donde se nos facilitó porque estas personas presuntamente tenían un vínculo con la guerrilla. Desde ese primer momento, nuestros comandantes nos inculcaron que necesitaban altos números de muertos”.

De igual manera, el sargento William Andrés Capera, ex integrante del Batallón contra Guerrillas, expresó ante los familiares de víctimas y la JEP que fue preparado como médico forense, y dentro de sus funciones debía maquillar las escenas de los crímenes y garantizar que, en el momento de investigaciones, no se vieran involucrados las unidades militares o el batallón.

La audiencia pública contó con la presencia de organizaciones como la ONU, representantes del Gobierno Nacional, entre otros más, además de ser citados ocho exmilitares que fueron imputados en julio de 2022 como máximos responsables de estos homicidios.