Terminaron las audiencias de la JEP con familiares de personas asesinadas y presentadas como bajas en combate.

A la 1:45 de la tarde del pasado viernes, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró las audiencias con víctimas de falsos positivos en el Meta. Durante dos días en el Hotel GHL de Villavicencio, la JEP escuchó a familiares de personas que al parecer fueron asesinadas  por militares del batallón de Granada y luego presentadas como bajas en combate. Previamente la JEP escuchó las versiones de 60 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’.

Entre ellos, el coronel Héctor Alejandro Cabuya, quien fuera comandante de ese batallón en 2001 y tiene una condena a 9 años de prisión por nexos con el Bloque Centauros de las Autodefensas.

César Santoyo, director del colectivo de abogados Orlando Fals Borda, dijo que Cabuya ha reconocido responsabilidad, “pero es una verdad supremamente segmentada. Queda claro que no fue un tema de manzanas podridas sino un procedimiento sistemático”.

Los exintegrantes del Batallón de Granada al parecer han reconocido ante la JEP que borraron identidades, alteraron la escena del crimen y se apoyaban en versiones de informantes.

A eso se sumó la indolencia de los funcionarios que recibieron las denuncias de familiares, y de los medios de comunicación que difundían únicamente los boletines oficiales.

“Los medios de comunicación tuvieron un papel importante a la hora de difundir mentiras que usaron para encubrir esos crímenes. Ahora deben ayudarnos a difundir la verdad. Sabemos que sus familiares no eran delincuentes y haremos todo lo posible para que el país lo sepa”, declaró el magistrado Ramelli.

Como magistrado sustanciador del Meta, Ramelli tomó varias decisiones:

• Vincular a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) al proceso, para efectos de reparación material.
• Plazo de un mes a la UARIV para que informe a la JEP cuáles son las víctimas de este caso que están inscritas, los hechos por los cuales aparecen inscritas, quiénes han obtenido medidas de reparación, quiénes están por fuera del Registro Único de Víctimas, y aclarar si hicieron solicitudes y por qué no están. Para ese propósito, remitió la lista de víctimas de este proceso a la UARIV.
• Ordenó a Medicina Legal que en 10 días informe detalladamente el alcance del proceso de identificación y entrega de Jean André Correa Palacios.
• Ordenar al batallón 21 Pantano de Vargas que busque los documentos de identidad de quienes fueron reportados como muertos en combate y los remita a la JEP en plazo de 10 días.

El colectivo de abogados Orlando Fals Borda representa a 110 víctimas de falsos positivos y desaparición forzada. Santoyo, su director, resalta el papel de la JEP diciendo que “más allá de condenas a muchos años de cárcel, este ejercicio de verdad es lo que reivindica a las víctimas”.

El magistrado Ramelli cerró las audiencias con las siguientes palabras:

“Tendremos que construir de la mano de ustedes la verdad sobre lo sucedido. Nada de esto debió ocurrir. Escuchar es una manera de reconocimiento. Es reconocerles su dignidad, sus demandas, sus necesidades, su lugar en la historia. Esta vez sus peticiones no entrarán en saco roto. Como juez seguiré trabajando para que las respuestas que logremos les den algo de paz, de alivio, para que el nombre de sus seres queridos sea reivindicado”.