El defensor del pueblo, Carlos Camargo, lanzó esta alerta desde Villavicencio.

Al menos 26.000 habitantes de los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral se encuentran en alto riesgo de afectaciones a sus derechos humanos como consecuencia de las disputas entre grupos armados ilegales. Así lo indica la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 004 del 2023 tras encontrar casos de homicidios selectivos, amenazas, extorsiones y la exigencia, de manera violenta, del pago de ‘impuestos’ a campesinos y habitantes de estos tres municipios.

“Desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas encontramos que los diferentes grupos armados organizados buscan despojar a los campesinos de sus tierras y fomentar el abandono forzado con el objeto de interferir con la implementación de la figura de restitución de tierras”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo, durante su visita a Villavicencio.

Según la Defensoría, en esos municipios operan el frente 40 de las disidencias de las Farc; el frente Comandante Jorge Briceño de la Nueva Marquetalia; el Bloque Meta de las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo) y grupos de autodefensas emergentes. Esto supone riesgo de reclutamiento forzado y amenazas contra reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

El defensor del pueblo entregó, además, un estudio sobre la situación de derechos humanos de comunidades campesinas en áreas de especial interés ambiental. Eso fue en el teatro La Vorágine donde participaron líderes campesinos y autoridades de Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare.

La Defensoría defiende el goce de los derechos humanos del campesinado que históricamente ha habitado en Parques Nacionales, Zonas de Reserva Forestal y páramos. “Desde la Defensoría del Pueblo creemos que el diálogo social es clave para la gestión efectiva de los conflictos socioambientales”, comentó Camargo.

Para la Defensoría del Pueblo, los principales problemas que enfrentan las comunidades de la región son: el conflicto armado interno, la concentración de la propiedad rural, los débiles niveles de gobernanza institucional, la estigmatización y la existencia de barreras de acceso a la participación ciudadana en la gestión ambiental y rural.

El informe dice que los ecosistemas estratégicos enfrentan amenazas como la deforestación, presencia de actores armados ilegales, extracción ilegal de fauna y flora, acaparamiento de tierras, contaminación por residuos sólidos y líquidos, presencia de cultivos de uso ilícito y cambio climático.