Contraloría detecta hallazgos fiscales por $53.117 millones en el Programa de Alimentación Escolar.
Durante el 2025, la Contraloría General de la República adelantó 40 actuaciones de control fiscal en todo el territorio nacional sobre los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), provenientes del Presupuesto General de la Nación, recursos territoriales y del Sistema General de Regalías, en las cuales determinó hallazgos fiscales por un total de $53.117 millones, asociados principalmente a sobrecostos, pagos sin soporte y deficiencias contractuales y técnicas.
En lo que respecta a los recursos del Presupuesto General de la Nación y recursos territoriales, el ente de control realizó auditorías de cumplimiento a 68 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que representan más del 90% de los recursos del PAE a nivel nacional y el 70% de las ETC existentes (97), dando como resultado 41 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $24.254 millones.
Estos resultados se encuentran asociados principalmente a las siguientes causas de daño fiscal:
- “Sobrecostos”, con 22 hallazgos por valor de $18.106 millones, equivalentes al 75% de la cuantía fiscal.
- 12 hallazgos por “Pagos sin soportes de ejecución” por $2.790 millones (12%).
- Problemas en la “Ejecución contractual” con 3 resultados por $2.706 millones (11%).
- «Incumplimiento de lineamientos del Programa” con 3 hallazgos tasados en $649 millones (3%).
La región Centro Oriente fue identificada como la más crítica, al concentrar nueve hallazgos fiscales por $12.363 millones. El caso de mayor incidencia fiscal se presentó en Soacha (Cundinamarca), donde la Contraloría estableció un hallazgo por $3.550 millones, correspondiente a la totalidad del recurso destinado al programa, derivado de la inclusión de valores en la estructura de costos que fueron pagados por el municipio y que superaron los valores efectivamente ejecutados por el contratista.
Dentro de los resultados fiscales también se destaca el caso del departamento de Boyacá, donde durante la vigencia fiscal 2024 se suscribieron convenios estandarizados de cofinanciación para la ejecución del PAE en los 120 municipios. Estos convenios establecían lineamientos técnicos y jurídicos, así como un costo promedio por ración que incluía ingredientes y operación logística, con discriminación del pago al personal manipulador, lo que generó un posible detrimento patrimonial por $2.010 millones.
Hallazgos en recursos del Sistema General de Regalías.
En relación con los recursos del Sistema General de Regalías destinados al PAE en los departamentos de Nariño, Quindío y Meta, y en el municipio de Arauca, correspondientes a las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, la Contraloría identificó cinco hallazgos con presunta incidencia fiscal por $28.863 millones.
El hallazgo fiscal de mayor se presentó en el departamento de Nariño, por $23.549 millones, relacionado con el incumplimiento del Anexo Técnico de Alimentación Saludable y Sostenible del PAE, debido a deficiencias en la planeación y a la ausencia de aprobación formal de los ciclos de menú, lo cual constituye un riesgo para el cumplimiento de los parámetros nutricionales en la entrega de las raciones.
En el municipio de Arauca, el ente de control determinó un hallazgo por $3.111 millones sobre las regalías aportadas al PAE, al considerar que parte de los pagos realizados no contaron con soportes contables, financieros ni técnicos suficientes que demostraran costos reales asociados al cumplimiento del contrato.
Alertas por inicio del PAE en 2026.
En el marco del Control Social Participativo al desarrollo del PAE, la Contraloría alertó, con base en la información reportada por las Entidades Territoriales Certificadas y la UAPA los días 23 y 30 de enero, sobre la posible afectación a cerca de 800.000 estudiantes en 12 ETC, debido a que el inicio de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario escolar de 2026.
Esta situación se presenta en las ETC de Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó y Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura, lo que genera un riesgo para la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
Ante este panorama, la Contraloría General de la República lamentó las reiteradas situaciones fiscales detectadas en el Programa de Alimentación Escolar y recordó que el país aún no alcanza la cobertura universal del PAE y que resta por cobijar cerca de 1 millón 200 mil niños.
Finalmente, la Contraloría hizo un llamado urgente a las entidades territoriales y al Gobierno Nacional frente a la inoportunidad en la prestación del servicio de alimentación escolar para 2026, advirtiendo que estas falencias afectan el objetivo del programa de mejorar la calidad de vida y garantizar la permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo.
