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Indepaz identificó 12 corredores estratégicos en Colombia donde confluyen narcotráfico, minería ilegal y control armado, convirtiéndose en territorios de poder donde la violencia gobierna a las comunidades.

Así operan los 12 corredores de la guerra en Colombia.

Según el instituto de Estudios de para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se identificaron 12 corredores estratégicos donde convergen economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilícita, el contrabando, además del reclutamiento y el dominio de grupos armados. De acuerdo con el estudio, estos corredores van más allá de ser simples rutas para el tráfico de drogas. Estas rutas se transforman en espacios de poder territorial, en donde la violencia es el mecanismo de gobierno. En estas zonas, los actores armados dictan reglas, imponen cobros ilegales, controlan los desplazamientos de la población e incluso intervienen en la resolución de disputas local.

Estos corredores atraviesan el país tanto de sur a norte como de oriente a occidente, y al menos cinco de ellos se proyectan hacia países vecinos. Entre sus conexiones se encuentran: el Putumayo con el Pacífico, el Catatumbo con Venezuela, el Darién con Panamá, la Orinoquía con Brasil y la Costa Pacífica con Ecuador. Además, abarcan puntos estratégicos dentro del territorio colombiano, como el Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Aquí les contamos cuales son las rutas.

1. Putumayo – Cauca – Micay – Pacífico.

Fuente: Indepaz.

Este corredor une la Amazonía con el Pacífico y recorre territorios cocaleros, afluentes estratégicos y pasos hacia la costa nariñense. Su importancia radica en que conecta la producción de coca en Putumayo con los laboratorios del Cauca y con las rutas marítimas que llevan hacia Centroamérica y México. En la zona tienen presencia principalmente disidencias de las FARC, que dominan los cultivos, los centros de procesamiento y los embarcaderos ilegales en el Micay, en coordinación con bandas locales que actúan como soporte logístico. La droga es enviada en lanchas rápidas rumbo a altamar, mediante alianzas con carteles internacionales.

Las comunidades campesinas y afrodescendientes resultan ser las más golpeadas: quedan atrapadas en medio de enfrentamientos, restricciones a la movilidad y presiones de los grupos armados que las obligan a sembrar coca o pagar “tributos” ilegales.

2. Choco -Eje Cafetero – Tolima (Cañon de las Garrapatas).

Fuente:Indepaz.

Este corredor va desde la selva húmeda del Chocó hasta las montañas que enlazan con Risaralda, Quindío y Tolima. Se trata de un paso clave porque conecta el Pacífico con el interior del país y facilita el movimiento de cocaína, oro y armas a través de ríos como el Atrato y el San Juan. En esta zona tienen fuerte presencia el ELN y el Clan del Golfo, enfrentados por el control de la minería ilegal y de las rutas fluviales. Las comunidades afrodescendientes e indígenas del Medio y Alto Atrato padecen confinamientos constantes y restricciones en el acceso a alimentos, mientras la explotación de oro con mercurio acelera el deterioro ambiental del territorio.

3. Bajo Cauca – Nordeste – Antioqueño – Magdalena Medio.

Fuente: Indepaz

Este corredor está caracterizado por la abundancia de oro y coca, lo que lo convierte en un escenario de gran disputa. El Clan del Golfo ejerce un control dominante sobre la minería ilegal y la cadena de producción de cocaína, mientras que disidencias de las FARC intentan arrebatarles terreno en municipios como Tarazá, Segovia y Remedios. Al mismo tiempo, redes de microtráfico expanden su alcance hacia el Valle de Aburrá. La violencia contra líderes sociales y ambientales alcanza niveles críticos, y las comunidades campesinas sufren de manera constante extorsiones y desplazamientos forzados.

4. Sierra Nevada – La Guajira – Magdalena – Cesar (Caribe).

Fuente: Indepaz

Este corredor costero combina la importancia estratégica de la Sierra Nevada con las salidas hacia el mar Caribe. Es utilizado para la exportación de cocaína y el movimiento de contrabando, en operaciones que involucran a estructuras sucesoras del paramilitarismo junto con redes internacionales. Hoy se ha convertido en escenario de choques entre gaitanistas, autodefensas de la Sierra y el ELN, con homicidios casi diarios en municipios como Dibulla y Uribia.

5. Catatumbo – Norte de Santander – Frontera con Venezuela.

Fuente: Indepaz

El Catatumbo es considerado uno de los corredores más críticos del país, concentra la mayor extensión de cultivos de coca en Colombia y comparte una frontera permeable con Venezuela. En la región convergen el ELN, diferentes facciones de las disidencias de las FARC y carteles internacionales, que controlan tanto el contrabando de gasolina como el tráfico de armas. Las comunidades campesinas e indígenas permanecen atrapadas entre enfrentamientos y operaciones armadas, enfrentando tasas muy altas de homicidios y desplazamientos. Además, el reclutamiento forzado de menores y la violencia sexual hacen parte de las prácticas de dominación empleadas por los grupos armados.

6. Orinoquía – Casanare – Meta – Vichada –Frontera con Brasil / Venezuela.

Fuente: Indepaz

Este corredor atraviesa las llanuras del oriente colombiano, enlazando el Meta con el Vichada y extendiéndose hasta las fronteras con Brasil y Venezuela. Su relevancia está en la facilidad que ofrece para el transporte de cocaína por vía aérea y fluvial, además del flujo de armas y contrabando.

En la zona, disidencias armadas controlan pistas clandestinas y centros de producción, mientras redes criminales se encargan de la distribución internacional. Las comunidades campesinas sufren constantes extorsiones y presiones para vincularse a la economía cocalera, a la vez que la deforestación se expande rápidamente por los cultivos ilícitos y la ganadería ilegal.

7. Urabá – Tapón del Darién – Fronteras con Panamá y el caribe.

Fuente: Indepaz

El corredor de Urabá y el Darién se ha transformado en un eje central del crimen transnacional. Cada mes, miles de migrantes atraviesan la selva rumbo a Centroamérica, un tránsito que el Clan del Golfo controla y explota económicamente. Cada cruce tiene un costo: quienes no pagan, arriesgan su vida. Más allá de la migración, esta ruta es también fundamental para el envío de cocaína hacia el Caribe, aprovechando las costas de Antioquia y Chocó. La crisis humanitaria afecta tanto a los migrantes como a las comunidades locales de Necoclí y Acandí, donde convergen la extorsión, la violencia y la ausencia del Estado.

8. Tolima – Huila – Caguán – Caquetá – Guaviare.

Fuente: Indepaz

Este corredor, históricamente vinculado a la insurgencia, conecta el centro del país con la Amazonía y el sur. Las disidencias han consolidado rutas de movilidad y control sobre cultivos ilícitos, articulando sus operaciones con los territorios de Guaviare y Caquetá. Los campesinos de la zona son presionados para colaborar con los grupos armados, mientras los programas de sustitución de cultivos han fracasado por la ausencia de alternativas reales.

9. Huila – Norte del Cauca – Costa Pacífica.

Fuente: Indepaz

Este corredor enlaza el sur andino con Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico. Su valor estratégico radica en que facilita la salida de la cocaína producida en Cauca y Huila hacia el litoral. En la región, disidencias de las FARC, el ELN y grupos locales se disputan el control del territorio, lo que provoca altos niveles de violencia en municipios como Santander de Quilichao, Toribío y Buenos Aires. El reclutamiento de jóvenes se ha convertido en una práctica recurrente, mientras que las comunidades afrodescendientes enfrentan desplazamientos forzados y asesinatos selectivos.

10.Chocó – Medio Atrato – Litoral Pacífico.

Fuente: Indepaz

La red fluvial del Medio Atrato convierte a este corredor en una ruta clave para el transporte de cocaína y el oro extraído de manera ilegal. Desde hace más de diez años, el ELN y el Clan del Golfo sostienen una confrontación por el dominio de estos pasos. Las comunidades indígenas emberá y las poblaciones afrodescendientes permanecen bajo confinamiento, con restricciones a su movilidad y bloqueos de alimentos impuestos por los grupos armados. En la región también se ha registrado el uso de la violencia sexual contra mujeres y niñas como mecanismo de control social.

11. Arauca – Casanare – Vichada – Frontera binacional con Venezuela.

Fuente: Indepaz

Este corredor articula distintos departamentos de los Llanos Orientales y se extiende hasta la frontera con Venezuela. Allí se desarrolla una confrontación abierta entre el ELN y las disidencias, con choques armados constantes en áreas rurales. Las principales economías ilegales son el contrabando de combustible y el tráfico de cocaína, sumadas a la extorsión contra comerciantes y transportadores. La población campesina queda atrapada en medio de esta guerra, enfrentando asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores.

12. Norte de Santander – Cesar – Bolívar – Antioquia (corredor nororiental de expansión).

Fuente: Indepaz.

Este corredor funciona como una arteria estratégica de movilidad y expansión armada desde la frontera oriental del Catatumbo hacia el Caribe, atravesando áreas clave como el Magdalena Medio y el Bajo Cauca. Conecta zonas productoras de coca con rutas logísticas tanto terrestres como fluviales, permitiendo a estructuras armadas como el EMBF, el ELN, el Clan del Golfo/EGC y redes del narcotráfico transnacional ejercer control territorial e influir en las dinámicas económicas y sociales de la región.

Se trata de un corredor multifuncional, donde convergen intereses vinculados al tráfico de drogas, la minería ilegal, el reclutamiento forzado, la extorsión a proyectos energéticos e infraestructura, y la instalación de enclaves paramilitares o insurgentes.

Conclusión

Los corredores armados en Colombia representan mucho más que simples rutas de tráfico de drogas, son espacios de poder territorial donde confluyen disidencias, grupos insurgentes, bandas criminales y redes internacionales. Estas dinámicas generan violencia constante, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y presión sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, al tiempo que afectan gravemente el entorno ambiental. Enfrentar este fenómeno exige políticas integrales que combinen seguridad, justicia, desarrollo territorial y protección de los derechos de las comunidades, para romper el ciclo de violencia que sostiene estos corredores.