Controlaría revela millonarias irregularidades financieras en la Nueva Eps.
La Controlaría General de la República en el mes de julio de 2025 llevo a cabo un operativo de policía judicial en la Nueva EPS con el fin de recopilar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información de la Superintendencia Nacional de Salud, ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados. En el marco de esta actuación, la controlaría desarolló diferentes entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas e imágenes forenses correspondientes a las vigencias 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025.
De acuerdo, con el análisis de los datos, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), logró identificar presuntas irregularidades vinculados con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.
Aumento excesivo de anticipos pone en riesgo la liquidez de la EPS.
En el comunicado, el ente de control da a conocer el análisis preliminar en el que identificó un aumento considerable en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale al 155%, impacto que afecta de manera directa la estabilidad financiera de la EPS. Asimismo, la Contraloría advirtió un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones, situación que compromete la liquidez institucional y eleva el riesgo de un posible detrimento patrimonial, en particular por los anticipos con más de dos años de antigüedad, que suman $143 mil millones.
Con corte a junio de 2025, el ente de control evidenció un exagerado costo de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondiente a la vigencia 2024, entendiendo así, que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados.
Facturas médicas sin revisar ni validar.
De la misma manera, en el reporte total de facturas pendientes por procesar entregado por la EPS, se estableció que a la fecha existen 22.737.247 de registros por un valor de $22,1 billones. Sin embargo, la controlaría señala que en la verificación inicial se identificaron 9.155.060 facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones, y por si fuera poco, al depurar estos registros, quedan facturas por $13,2 billones aún sin tramitar. De ese monto, el 37,1% corresponderían a la vigencia 2024 y el 59,9% al primer semestre de 2025, lo que significaría que el 97% de las obligaciones reportadas no ha sido objeto de revisión por parte de la EPS.
Esta situación genera serias inconsistencias contables y financieras, debido a la falta de verificación de aspectos esenciales como la pertinencia de los costos, el cumplimiento contractual y la legitimidad de los soportes.
Por otra parte, el análisis preliminar encontró que en 36 prestadores de salud (de una red de más de 2.700) se concentra el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5.2 billones, lo que eleva significativamente el riesgo fiscal en caso de presentarse incumplimientos o litigios.
Adicionalmente, en el marco de la actuación de policía judicial, la Contraloría constató que, pese a las exigencias normativas sobre los sistemas de información para garantizar un control adecuado en el procesamiento de datos, la EPS no acreditó la suficiente capacidad tecnológica requerida para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de la salud.
Dentro de la investigación realizada, el ente de control detectó Contratos con documentación incompleta, la entidad no entregó los soportes contractuales que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 441 de 2022, en relación con la suscripción de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios y tecnologías en salud entre el asegurador y su red prestadora.
Asimismo, en la revisión de la documentación enviada por la EPS se evidenció que, en varias carpetas contractuales, no fueron incluidos los respaldos correspondientes a los contratos suscritos (copias de contratos, notas técnicas, anexos y demás documentos exigidos por la normatividad.
Crece la deuda por servicios de salud en la EPS.
La Contraloría también evidenció que gran parte de las cuentas por pagar con corte a marzo de 2025, suman $21.37 billones, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que su cobertura es de aproximadamente el 22% de la población afiliada. Se destacan $10,5 billones en anticipos pendientes por legalizar y $8,7 billones en facturas aún por procesar.
Esta situación refleja un desbalance entre ingresos y egresos, que podría derivar en restricciones en la prestación de servicios y afectar la estabilidad económica de la entidad.
Por último, la Contraloría detectó, con corte a diciembre de 2024, una subestimación de $11,1 billones en la constitución de reservas técnicas, además de falta de soportes de autorizaciones y facturas. La situación financiera y administrativa de la Nueva EPS evidencia riesgos de deterioro progresivo, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, debido al aumento de anticipos no legalizados, retrasos en el procesamiento de facturas y creciente endeudamiento.
La Contraloría remitirá esta alerta a la Delegada para el Sector Salud para definir los procedimientos de control fiscal, incluida la posible determinación de responsabilidad fiscal, y trasladará los hallazgos a las autoridades competentes para investigar responsabilidades disciplinarias y penales.
