Investigan presuntas anomalías en contratación turística durante la administración de Alexander Baquero.
La Contraloría Municipal de Villavicencio reveló los resultados de una auditoría al Instituto de Turismo de Villavicencio, tras una queja ciudadana sobre posibles irregularidades en la contratación de artistas para eventos culturales organizados por la Alcaldía.
El grupo auditor, que culminó el proceso el 7 de noviembre, concluyó que los contratos presentan presuntas fallas de planeación, falta de transparencia y celebración indebida, especialmente en las contrataciones realizadas para el Festival de Verano del Río Guatiquía y los cumpleaños de Villavicencio. Entre los hallazgos más relevantes, el informe señala la contratación del cantante Silvestre Dangond (que no tiene ninguna relación con el folclor llanero), y cuya presentación habría tenido un costo cercano a los $1.100 millones de pesos, esto, gestionado a través de un intermediario que según la Contraloría, dicho contratista no suministró la información completa sobre los pagos efectuados a los artistas, lo que impidió verificar la trazabilidad de los recursos públicos invertidos.
El órgano de control determinó un posible detrimento patrimonial superior a $3.200 millones de pesos, correspondiente a dos hallazgos fiscales: uno por $2.300 millones y otro por $933 millones, resultados que fueron remitidos a las autoridades competentes para continuar con las acciones de control y sanción que correspondan.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación penal contra el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, por presuntos delitos contra la administración pública, relacionados con la misma contratación de artistas a través de intermediarios, el proceso busca establecer si hubo irregularidades en la gestión de los recursos y posibles actos de corrupción durante la organización de los eventos.
La Contraloría aseguró que continuará con el proceso de verificación y que, de encontrarse mérito, trasladará los resultados a los organismos competentes para las acciones disciplinarias, fiscales o penales correspondientes.
