JEP condena a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por 27 casos de falsos positivos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su responsabilidad en asesinatos, desapariciones forzadas y torturas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, hechos conocidos como falsos positivos.
La sentencia, emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, concluyó que Mejía fue responsable penal por 35 hechos ocurridos entre 2002 y 2003, que dejaron 72 personas asesinadas, en su mayoría civiles, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, cuando se desempeñaba como comandante del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, con sede en Valledupar.
Tras ocho meses de juicio adversarial (el primero de este tipo en la justicia transicional colombiana), la JEP determinó que los crímenes hicieron parte de un patrón de macrocriminalidad, ejecutado mediante un aparato ilegal de poder dentro de la unidad militar, que operó con alianzas con estructuras paramilitares y prácticas internas orientadas a inflar resultados operacionales a través de muertes de civiles.
De acuerdo con el fallo, las víctimas fueron señaladas, retenidas ilegalmente y asesinadas, y posteriormente presentadas como guerrilleros dados de baja en combate. Entre ellas se encontraban campesinos, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, así como jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. La JEP calificó los hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, y estableció que Mejía actuó con dolo, en calidad de autor y coautor mediato, aun cuando no siempre estuviera presente de manera directa en los lugares donde ocurrieron los crímenes.
Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al oficial retirado por resultados operacionales relacionados con estos hechos, y dispuso la realización de un acto público de perdón en Valledupar, en nombre de las Fuerzas Militares.
La decisión también unificó y dejó sin efecto condenas previas emitidas por la justicia ordinaria, resolviendo de manera definitiva la situación jurídica del coronel Mejía dentro del sistema de justicia transicional.
Para la JEP, este fallo constituye un mensaje histórico que reafirma el compromiso del Estado con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, colocando a las víctimas en el centro del proceso judicial.
