Fiscalía activa plan especial para proteger las elecciones tanto legislativas como presidenciales en el país.
La Fiscalía General de la Nación activó un plan estratégico para investigar y judicializar los delitos que puedan afectar las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, con el objetivo de garantizar la transparencia y proteger el derecho al voto antes, durante y después de las jornadas democráticas.
A través de la resolución 0047 de febrero de 2026, la entidad definió una estrategia transitoria que contempla mayor presencia institucional en las regiones, seguimiento a conductas ilícitas y articulación de capacidades de policía judicial para enfrentar cualquier hecho que altere el normal desarrollo de los comicios.
Como punto central del plan, la Fiscalía elaboró un mapa de riesgo electoral que identifica los fenómenos delictivos con mayor incidencia en distintas zonas del país, teniendo en cuenta factores como la vulnerabilidad socioeconómica y la capacidad de respuesta estatal. Esta herramienta permitirá priorizar territorios con alta probabilidad de afectación y focalizar allí los esfuerzos investigativos.
La estrategia también incluye el análisis integral de denuncias e investigaciones relacionadas con los 16 delitos electorales tipificados en la legislación colombiana, así como el seguimiento a alertas sobre posible injerencia de grupos armados ilegales en el proceso electoral. Con ello, se busca anticipar riesgos y orientar de manera más eficiente las acciones judiciales.
En materia de articulación interinstitucional, las delegadas y direcciones de la Fiscalía trabajarán de forma coordinada y mantendrán canales de comunicación con la Defensoría del Pueblo, para conocer las alertas tempranas emitidas, y con la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás autoridades electorales, con el fin de acceder a insumos como el censo electoral y otra información relevante.
Frente a posibles acciones violentas contra candidatos y representantes de comunidades, la entidad adelantará mesas de trabajo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos internacionales, con el propósito de obtener información detallada sobre hechos que afecten la vida, integridad o libertad de quienes participan en la contienda, y activar de inmediato las respectivas investigaciones.
Otro de los ejes clave será la vigilancia a la financiación de campañas. Para ello, se creará un Observatorio de Financiación Electoral encargado de verificar el cumplimiento de los topes de gastos, el origen de los recursos y posibles irregularidades. Los análisis permitirán construir una herramienta de seguimiento territorial y emitir informes focalizados que puedan dar apertura a noticias criminales cuando se detecten anomalías.
Durante las jornadas electorales del 8 de marzo y 31 de mayo, la Fiscalía habilitará puntos de recepción de denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o en zonas donde no exista presencia física de la entidad. Esta labor se desarrollará en coordinación con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior. Las denuncias que lleguen a la Fiscalía o a Uriel tendrán una ruta de atención especial a cargo de fiscales y equipos especializados de policía judicial con dedicación exclusiva tanto en el nivel central como en las 35 seccionales del país.
Además, la entidad puso en funcionamiento un micrositio en su página web oficial con información sobre canales de denuncia, delitos electorales más recurrentes, el mapa de riesgo y detalles clave sobre el proceso electoral de 2026, con el fin de facilitar el acceso ciudadano y fortalecer la vigilancia institucional sobre los próximos comicios.
