La idea es que los recursos públicos no interfieran en la voluntad popular.

Inició la Ley de Garantías, que rige cuatro meses antes de las elecciones del 29 de octubre. Es un conjunto de normas diseñadas con la intención de evitar el uso de recursos públicos o la interferencia de servidores públicos en la voluntad popular.

Gobernadores, alcaldes, secretarios o directivos de entidades descentralizadas no podrán celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos.

Tampoco podrán destinar recursos públicos a actividades proselitistas. Así mismo la Ley de Garantías prohíbe inaugurar obras públicas o iniciar programas sociales donde participen candidatos o sus voceros.

Y finalmente, se prohíbe la autorización de uso de bienes públicos para actividades de campaña electoral.

La Misión de Observación Electoral (MOE) dice que recibirá denuncias sobre violaciones a la ley de garantías en www.pilasconelvoto.com, si bien advierte que este procedimiento no remplaza la denuncia formal ante las autoridades.