El Colectivo José Alvear Restrepo, Cajar, advirtió hoy que la ANDI ha recrudecido sus estrategias para bloquear el proyecto de ley de comida chatarra, y que ese accionar ha encontrado eco en el gobierno nacional y en el partido de gobierno.

El Cajar lidera en Colombia la campaña “Dulce veneno: el antídoto es la verdad”, que busca evidenciar cómo la industria interfiere con las políticas de salud pública, y cómo varios políticos, cuyas campañas han sido patrocinadas por la industria de bebidas endulzadas y comestibles ultraprocesados, tienen un claro conflicto de interés en la #LeyComidaChatarra.

“El gobierno nacional, el partido de gobierno y la ANDI están completamente alineados, se defienden mutuamente. El gobierno facilita pactos con los gremios para impulsarlos. Los congresistas del Centro Democrático presentan proposiciones literalmente copiadas de los conceptos de la ANDI. El gobierno alista una resolución sobre etiquetado sin evidencia científica y pactada con la ANDI. ¿Y cómo responde la industria? Pues la industria le financia las campañas al Centro Democrático. Todo muy claro”, afirmó Yessika Hoyos, abogada del Cajar y vocera de la campaña “Dulce Veneno”.

Para el Colectivo, esta ley ha sido víctima de maniobras dilatorias por más de dos periodos legislativos en el Congreso, especialmente por la interferencia de las industrias de bebidas endulzadas y ultra-procesados ligadas con la fuerte financiación a los partidos políticos en época electoral.

“La ANDI envió un concepto a la plenaria del Senado que tiene muchas imprecisiones y que no cuenta con evidencia científica. Incluso termina pidiendo que el etiquetado se aplique a todo  tipo de alimentos. ¿Qué pretenden al equiparar un aguacate con un comestible ultraprocesado? Eso no tiene sentido. Además, desconocen la mejor evidencia científica, como la aportada por la Organización Panamericana de la Salud. ¿A quién debemos creerle, a la industria que prioriza sus ganancias, o a la OPS que es la autoridad continental en salud pública?”, cuestionó Hoyos.

“Nos estamos jugando uno de los partidos más importantes de la historia, y es derrotar la corrupción, la indiferencia y lo único que le pedíamos al Congreso era tener un juego limpio que claramente no lo ha hecho con los colombianos, porque legislan a favor y no por el interés general. En medio de esta pandemia este asunto es de salud pública y no estamos viendo transparencia en los senadores de la República”, dijo Yessika Hoyos.

Para el Cajar, el anuncio del Presidente Iván Duque Márquez de expedir un etiquetado frontal de advertencia vía Resolución antes de que finalice su gobierno y su oposición a la #LeyComidaChatarra solo obedece a los pactos firmados con la industria: “Algunos pretenden confundir a la ciudadanía insinuando que una resolución del ministerio negociada con la industria es suficiente, o que tiene el mismo peso que una ley de la República que busca que el etiquetado frontal de advertencia se base en la mayor evidencia científica. Parece que quieren acabar con la división de poderes y el Estado constitucional. Es deber del Congreso legislar para salvar vidas, y la industria no debe tener lugar en un debate sobre salud pública”, añadió la abogada del Cajar.  

De no debatirse el proyecto, se hundiría definitivamente, ya que su trámite lleva dos años en el Congreso.