Contraloría detecta detrimento por $9.666 millones en subsidios de vivienda rural.
La Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por $9.666 millones tras una auditoría de cumplimiento realizada al Banco Agrario de Colombia y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por la ejecución del programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR) entre los años 2000 y 2019.
El ente de control estableció además 14 hallazgos administrativos, de los cuales nueve tienen connotación fiscal, seis presunta incidencia penal y doce presunta incidencia disciplinaria, al evidenciar fallas en la supervisión, ejecución y cierre financiero de miles de subsidios dirigidos a población rural vulnerable.
Uno de los principales hallazgos es que más de 10.000 subsidios familiares de vivienda rural aún no cuentan con cierre financiero, situación que pone en riesgo la garantía del derecho fundamental a una vivienda digna para cientos de beneficiarios. Durante las vigencias 2018 y 2019, el Ministerio de Agricultura otorgó 13.195 Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural (SFVISR). Sin embargo, según la información oficial, solo 2.412 subsidios han sido terminados, mientras que 10.461 permanecen pendientes de ejecución.
En 2023, el Ministerio y la Fiduagraria S.A. modificaron los contratos fiduciarios 20180472 y 20190418, reduciendo el alcance del programa y dejando bajo responsabilidad de la fiduciaria la materialización de 6.445 subsidios. Estos contratos fueron prorrogados hasta el 30 de diciembre de 2025.
No obstante, en 2024 se registraron aplazamientos y una reducción presupuestal que, según la Contraloría, han generado dificultades adicionales para el cierre del programa.
En cuanto a la estrategia de autogestión implementada por el Ministerio para 670 subsidios (correspondientes a rezagos de 2018 y 2019 y derivados de sentencias de Juzgados Especializados de Restitución de Tierras) la Contraloría evidenció un avance limitado.
Aunque en 2022 se expidieron las 670 resoluciones de otorgamiento, a julio de 2025 solo se habían materializado 158 viviendas, lo que refleja un bajo nivel de ejecución y la necesidad de seguimiento permanente para garantizar la culminación de los proyectos.
Falencias en supervisión y control
El ente de control concluyó que la estrategia implementada por el Ministerio presenta deficiencias en su procedimiento de supervisión, lo que habría afectado el adecuado manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines del programa. Según el informe, estas irregularidades impactan el resarcimiento de los derechos fundamentales de los beneficiarios y no se ajustan a los principios de la función administrativa ni de la gestión fiscal.
Con estos hallazgos, la Contraloría avanza en las actuaciones correspondientes para establecer responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias derivadas de la ejecución del programa de vivienda rural.
