Condenan a cinco exintegrantes del Bloque Oriental de las FARC por secuestros, homicidios y desplazamientos forzados.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cinco exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas FARC-EP por su responsabilidad en múltiples crímenes cometidos entre 1995 y 2005 en varias regiones del país. La decisión judicial se dio tras valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Los sentenciados fueron identificados como Efraín Quiñones Barreiro, exjefe de una estructura armada, César Díaz, articulador principal del componente financiero del grupo, Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, encargado de labores de inteligencia y los guerrilleros rasos Daniel Zárate Velandia y Jhon Jairo Ramírez. Todos se postularon a los beneficios de la justicia transicional.
De acuerdo con el fallo, a los cinco excombatientes se les atribuyen 44 hechos criminales ocurridos en territorios donde el Bloque Oriental ejercía control, entre ellos Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada y zonas del Amazonas. Estas acciones dejaron al menos 165 víctimas directas e indirectas de delitos como homicidio en persona protegida, secuestro, desplazamiento forzado y toma de rehenes.
Entre los casos documentados por la Fiscalía se encuentra el desplazamiento forzado del entonces alcalde de San Jacinto, en el departamento del Meta, y de su familia en el año 2002. También fue acreditado el secuestro del exalcalde de Chiscas, Boyacá, ocurrido el 17 de abril de ese mismo año, cuando fue retenido durante tres días tras ser presionado por el grupo armado ilegal por no acatar una orden que buscaba impedir la realización de elecciones municipales.
La sentencia también recoge el secuestro de un agente de la Policía Nacional durante una incursión armada al casco urbano del municipio de El Espino, Boyacá, el 9 de junio de 1999. El uniformado permaneció en cautiverio hasta junio de 2001, cuando fue liberado en el marco de un denominado intercambio de rehenes acordado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional.
Como resultado del proceso, el Tribunal impuso a los cinco condenados una pena de 480 meses de prisión, una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la condena. No obstante, la sentencia contempla los beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005, siempre y cuando los postulados cumplan con las obligaciones de verdad, reparación y no repetición impuestas en el fallo.
La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento de crímenes cometidos por estructuras armadas ilegales y en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado colombiano.
