Defensoría alerta inminente guerra entre ELN y disidencias en Chocó.
La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en el municipio de El Litoral del San Juan, Chocó, tras emitir la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 010 de 2026 por el alto riesgo de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ante la inminente confrontación armada entre estructuras ilegales.
Según la entidad, existe una alta probabilidad de enfrentamientos entre el Frente de Guerra Occidental Che Guevara del ELN y el Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas (BOCJA), adscrito al autodenominado Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las antiguas FARC.
Disputa estratégica por rutas ilegales.
El epicentro del riesgo se ubica en la quebrada Munguidó, un afluente clave que conecta la cuenca del río Calima con el río San Juan. Este corredor es considerado estratégico por su valor para el control de rutas del narcotráfico hacia el océano Pacífico, así como para actividades ilícitas como la minería ilegal y la extracción de madera.
La Defensoría advirtió que desde 2025 se viene configurando una reestructuración del control territorial, marcada por el avance del Frente Jaime Martínez sobre zonas históricamente dominadas por el ELN. Este movimiento, según el informe, podría estar relacionado con acuerdos o alianzas con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), lo que aumenta la complejidad del conflicto y el riesgo para la población civil.
Violencia reciente y confinamiento masivo.
La Defensoría documentó el homicidio de un joven afrocolombiano y la desaparición de dos personas en el sector de Munguidó, hechos que desencadenaron el confinamiento forzado de al menos 1.367 personas, agrupadas en 465 familias de comunidades negras e indígenas. Las restricciones impuestas por los grupos armados han prohibido la movilidad por los ríos, principal vía de transporte en la zona, impidiendo actividades esenciales como la pesca, la caza y la agricultura. Como consecuencia, la población reporta escasez de alimentos y condiciones de hambre.
Comunidades en riesgo.
El riesgo se concentra en múltiples veredas pertenecientes al Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) y al resguardo indígena Chagpien Tordó. Entre las zonas más vulnerables se encuentran Pangalita, Los Perea, Munguidó, Las Delicias, Barrios Unidos, Palestina, Coco, Taparal, Jerusalén, Pueblo Nuevo, Villa Victoria, Las Brisas, Tordó, Chivirico, Osorio, Chapien, entre otras.
La Defensoría denunció que los grupos armados ejercen un control directo sobre la población mediante mecanismos de “gobernanza armada”, que incluyen amenazas, panfletos y estigmatización. En uno de estos documentos, fechado el 31 de enero, el BOCJA advierte que declarará “objetivo militar” a quienes no se alineen con sus intereses.
Esta situación ha limitado la autonomía de las autoridades étnicas, como las organizaciones Acadesan y Woundeko, cuyos líderes deben solicitar autorización a los grupos ilegales para movilizarse dentro de sus propios territorios. Además, se han documentado ataques con drones cargados con explosivos —una táctica atribuida al BOCJA— y existe preocupación por la posible instalación de minas antipersonal en caminos rurales.
Crisis humanitaria y afectaciones a la salud.
El impacto humanitario es crítico. La Defensoría reportó casos de mujeres con crisis hipertensivas severas que no han podido recibir atención médica debido al confinamiento. La falta de acceso a servicios de salud agrava el riesgo de muertes evitables. El informe también alerta sobre el grave riesgo para niños, niñas y adolescentes. Durante 2025 se registraron al menos siete casos de reclutamiento forzado, mientras que actualmente 324 estudiantes no están recibiendo clases debido al temor de los docentes y las restricciones de movilidad.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió 17 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional y territorial, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación del Chocó.
El organismo instó a implementar acciones urgentes para contener la violencia, incluyendo el uso de tecnologías para neutralizar ataques con drones, el fortalecimiento de mecanismos de autoprotección de comunidades étnicas y la entrega de ayuda humanitaria integral.
La entidad advirtió que, de no adoptarse medidas inmediatas, el escenario podría derivar en una crisis humanitaria de mayor escala en esta región del Pacífico colombiano.
