Condenan a 11 exintegrantes del Bloque Oriental de las FARC por las tomas de Mitú y Miraflores y otros 163 crímenes.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 11 exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas FARC-EP por su responsabilidad en 165 hechos delictivos cometidos en varias regiones del país, en un fallo que recoge algunos de los episodios más violentos del conflicto armado en Colombia.
Según la decisión judicial, los hechos ocurrieron en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y zonas del Amazonas, donde los hoy condenados participaron en crímenes como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, violencia sexual, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo.
Los sentenciados son:
- Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla.
- César Díaz Sosa, conocido como alias ‘Cochebomba.
- Críspulo Efraín Quiñonez Barreiro.
- Daniel Zárate Velandia.
- Jhon Jairo Ramírez, alias ‘Fuego Verde’.
- Berny Derley Ordoñez Castro.
- Ferney Valverde Fajardo.
- Marlio Mora Morales.
- Rodrigo Ducuara Yate.
- Rahomir Rodríguez Trujillo.
- Alexander Gómez.
Entre los hechos más graves documentados por la Fiscalía General de la Nación se encuentra la toma guerrillera a las bases de la Policía Antinarcóticos y el Ejército en Miraflores, Guaviare, el 3 de agosto de 1998. En esa acción murieron 19 uniformados y 131 más fueron secuestrados.
También fue atribuida a este grupo la incursión armada en Mitú, Vaupés, ocurrida el 26 de octubre de 1998, cuando cerca de 1.500 guerrilleros atacaron la estación de Policía con armas no convencionales. El ataque dejó 38 integrantes de la fuerza pública y ocho civiles muertos, además de 61 policías secuestrados.
El fallo igualmente recoge graves violaciones a los derechos humanos, como el reclutamiento forzado de una niña de 11 años en zona rural de Yopal (Casanare). De acuerdo con la investigación, la menor fue sometida a abusos sexuales sistemáticos durante su permanencia en campamentos del grupo armado y obligada a abortar en dos ocasiones.
Otro de los casos documentados es la desaparición del patrullero Pedro Antonio Ramos Vázquez, quien fue retenido el 6 de diciembre de 2000 en inmediaciones de Yopal. El uniformado fue obligado a descender de un bus intermunicipal y trasladado por hombres armados a una zona rural. Hasta hoy se desconoce su paradero.
Los condenados, acogidos a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), deberán cumplir una pena de 480 meses de prisión —equivalente a 40 años— y pagar una multa de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante, podrán acceder a penas alternativas siempre que cumplan con los compromisos de verdad, reparación a las víctimas y no repetición establecidos en el marco de la justicia transicional.
El fallo representa un avance en el esclarecimiento de crímenes cometidos por el Bloque Oriental de las FARC-EP y en el proceso de reparación de las víctimas de uno de los capítulos más crudos del conflicto armado en el país.
