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Pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo se vieron afectados por la falta de respuesta a decisiones judiciales dentro de la Nueva EPS, según alertó la Defensoría.

Defensora del Pueblo denuncia más de 120 mil tutelas sin atender en la Nueva EPS.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lanzó una grave denuncia sobre la crisis del sistema de salud en Colombia al revelar que, en la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno, fueron encontrados más de 120 mil correos electrónicos relacionados con acciones de tutela que nunca fueron abiertos, pese a contener fallos judiciales que ordenaban garantizar el derecho fundamental a la salud de miles de pacientes.

La advertencia fue hecha durante una entrevista en televisión nacional, en la que Marín calificó la situación como una negligencia extremadamente grave, al tratarse de órdenes judiciales que debían ser cumplidas de manera inmediata y que, en muchos casos, estaban relacionadas con tratamientos vitales, entrega de medicamentos y atención especializada.

Según explicó la defensora, este hallazgo ayuda a explicar el incremento superior al 100% en las quejas y reclamos de los usuarios, que en el último año superaron las 14 mil peticiones formales, reflejando un colapso en la capacidad de respuesta de la entidad.

Marín señaló que la crisis de la Nueva EPS no puede entenderse solo como un problema administrativo, sino como una emergencia humanitaria, en la que miles de ciudadanos han visto vulnerados sus derechos más básicos. La defensora también cuestionó la inestabilidad en las interventorías, señalando una especie de “endogamia administrativa”, donde los cambios de funcionarios no han significado mejoras reales en la atención a los pacientes ni soluciones estructurales a la crisis.

El impacto de esta situación se evidencia en varias regiones del país. En ciudades como Ibagué, decenas de usuarios madrugan diariamente con la esperanza de obtener medicamentos que no llegan. Pacientes con enfermedades cardíacas, renales y crónicas denunciaron llevar meses sin recibir tratamientos esenciales, muchos de ellos de alto costo y necesarios para su supervivencia.

La Defensoría del Pueblo reconoció además que el cambio de gestores farmacéuticos se realizó sin una transición adecuada, lo que agravó el desabastecimiento y dejó a miles de personas sin acceso oportuno a sus medicamentos.

Aunque la Nueva EPS presentó un plan para normalizar la entrega de medicamentos en un plazo de dos meses, Marín fue enfática al afirmar que mientras no haya resultados concretos para los usuarios, dicho plan no puede considerarse existente.

El pronunciamiento de la defensora se dio en el marco de un balance más amplio sobre las emergencias que enfrenta el país, incluyendo los deslizamientos provocados por las lluvias en regiones como Córdoba, Sucre, Santander, Cundinamarca, Nariño y Antioquia. No obstante, Marín subrayó que muchas de estas crisis, tanto en salud como en gestión del riesgo, son previsibles y requieren una respuesta estatal más sólida y preventiva.

Finalmente, la Defensoría hizo un llamado urgente a garantizar estabilidad en la intervención de la Nueva EPS, tomar decisiones de fondo y priorizar la vida de los pacientes. “La gente no puede esperar”, concluyó Marín, al advertir que cuando el sistema falla, las consecuencias se miden en vidas humanas.