Contraloría prende alarmas por deudas de EPS con hospitales.
La Contraloría General de la República reiteró una advertencia emitida desde 2023 a la Superintendencia Nacional de Salud por el grave y progresivo deterioro del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país, una situación que hoy amenaza seriamente la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.
Tras analizar las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado (ESE), el órgano de control concluyó que los riesgos identificados hace dos años no solo persisten, sino que se han intensificado. El incremento acelerado de la cartera hospitalaria, los pagos tardíos, parciales o inexistentes y el deterioro del flujo de caja están afectando la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de salud en el sector público.
La Contraloría advirtió que incluso las EPS intervenidas mantienen incumplimientos en el pago de servicios financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que evidencia que las medidas adoptadas por la Supersalud han sido insuficientes e ineficaces, confirmando el riesgo de pérdida de recursos públicos.
Ante la magnitud del problema, el ente de control decidió vincular al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la situación compromete directamente su responsabilidad como rector del sistema, encargado del diseño, regulación y supervisión de los mecanismos de financiación y del flujo de los recursos.
De acuerdo con cifras suministradas por la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con mayor deuda aumentó cerca del 42 % entre 2024 y 2025, al pasar de $4,5 billones a $6,4 billones. Esta brecha entre lo facturado y lo efectivamente pagado ha golpeado de manera directa la liquidez, la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de los hospitales públicos.
El análisis de la Contraloría muestra que, durante 2024, los hospitales públicos facturaron $18,8 billones, pero solo recibieron pagos por $15,7 billones, equivalente al 84 %. Entre enero y septiembre de 2025, la situación empeoró: se facturaron $16,3 billones y se pagaron apenas $12,6 billones, lo que representa una oportunidad de pago del 77 %, siete puntos porcentuales menos.
La reducción en los pagos afecta a todos los niveles de complejidad de la red pública. En el nivel I, los pagos cayeron del 85 % al 81 %, en el nivel II, del 80 % al 74 %, siendo el más afectado, y en el nivel III, del 87 % al 76 %, poniendo en riesgo la sostenibilidad de hospitales de alta complejidad y alto costo.
Aunque el giro directo de la ADRES aumentó en promedio mensual de $846 mil millones en 2024 a $1,076 billones en 2025 (un incremento del 27,2 %), este crecimiento no se ha traducido en una reducción de la cartera hospitalaria. Por el contrario, la deuda de la red pública pasó de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, un aumento del 30 % en solo nueve meses.
Adicionalmente, la Contraloría evidenció una alta concentración del giro directo en prestadores privados, que en 2025 recibieron el 67,7 % de los recursos, mientras que los hospitales públicos accedieron apenas al 23,2 %, lo que refleja una distribución inequitativa del mecanismo de pago.
Desde la óptica del control fiscal, el ente de control alertó que las demoras en los giros incrementan el riesgo de desfinanciamiento institucional, afectan la eficiencia en el uso de los recursos públicos y podrían derivar en mayores presiones fiscales para el Estado, configurando un posible daño patrimonial, conforme al artículo 6 de la Ley 610 de 2000.
La Contraloría también hizo un llamado de atención a la Nueva EPS, que continúa sin presentar estados financieros desde 2023, pese a los reiterados requerimientos del órgano de control. Según verificaciones con la ADRES, existen recursos de presupuestos máximos disponibles para ser girados a las IPS, cuya aplicación inmediata permitiría aliviar la situación financiera, especialmente en los hospitales de baja complejidad.
Finalmente, la Contraloría General de la República instó a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social a adoptar medidas inmediatas, coordinadas y estructurales que garanticen el flujo oportuno de recursos hacia la red pública hospitalaria y eviten un colapso del sistema que pondría en riesgo la atención en salud de millones de colombianos
