El fallo de la Procuraduría va apenas en primera instancia, 7 años después de los hechos.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con siete meses de suspensión e inhabilidad especial a Sandra Milena Buitrago Acosta, en su condición de gerente de la Empresa Social del Estado Solución Salud (ESE), del departamento del Meta durante 2015, por aprobar la adquisición de insumos médico-quirúrgicos a un precio por encima del valor del mercado.

El ente de control demostró que Buitrago Acosta desconoció que los estudios de mercado tenían precios elevados, que en algunos casos superaban el ciento por ciento del valor real de los bienes a adquirir.

Eso lo califica como actuación negligente que permitió que el contratista obtuviera ganancias desproporcionadas en detrimento de la ESE departamental.

El fallo de la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado es de primera instancia y tiene recurso de apelación. Le endilga a la exgerente haber vulnerado el principio de economía e incumplir su deber funcional.

A juicio de la Procuraduría, como responsable de la contratación, la disciplinada debió seguir con atención el desarrollo del proceso contractual y cumplir con su función de proteger los intereses de la entidad. En su momento, los sobreprecios fueron denunciados en la Asamblea departamental y a través de medios de comunicación locales.

En la Asamblea fue la entonces diputada Claudia Patricia Garzón quien denunció los sobrecostos en el contrato 864 de 2015 por $37 mil millones para el suministro de equipos y elementos médicos de los centros de salud del Meta.

La sanción, de quedar en firme, será convertida a salarios mínimos vigentes legales de acuerdo con lo devengado para la época de los hechos, sin perjuicio de la inhabilidad especial de siete meses.