Tribunal ordena encontrar los 70 mil millones de pesos del contrato del MinTIC con Centros Poblados

 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Cancillería y Migración Colombia, entre otros organismos, tomar medidas de fondo y urgentes para ubicar los 70 mil millones de pesos del anticipo del contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados.

En la decisión se ordena el embargo y la persecución de los bienes de los empresarios vinculados en la firma del polémico contrato que tenía como objetivo de ampliar la red y el acceso a Internet a escuelas rurales ubicadas en zonas alejadas del país.

Igualmente se pide el rastreo de bienes de todos los bancos para encontrar el dinero del anticipo con el fin de recuperar los recursos públicos. El MinTIC deberá entregar un informe sobre las acciones y omisiones en las que incurrieron las empresas contratistas y que “permitieron la consolidación de las irregularidades” que son materia de investigación.

Para esto, se le dieron instrucciones a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que realice el “rastreo de las cuentas que recibieron los recursos de anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020, a través de la fiducia constituida en BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria, bien sea de los socios de las personas jurídicas que la integran, o de los familiares de los socios hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.

Para agilizar la investigación penal se le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General que en un plazo de tres días “realicen la búsqueda de personas naturales o jurídicas en el exterior vinculadas con los supuestos hechos dañosos e irregularidades referidos “.

“Con el fin de que se realicen las actuaciones pertinentes según sus competencias y soliciten a través del organismo competente del país extranjero, la imposición de medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes, dineros y rentas y/o orden de imposibilidad de disposición de dichos bienes hasta tanto finalice el trámite de la presente acción”, señala el resuelve de la decisión.

Para esto se le pidió colaboración a Migración Colombia y a la Cancillería con el fin que entreguen información sobre los movimientos migratorios de los representantes de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020, así como de los socios de la Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S.

Con el fin de tener todos los registros se le ordenó al Banco de la República emitir un informe completo sobre los trámites cambiarios, compras de divisas, negocios o trámites similares en los que hayan participado tanto las empresas vinculadas al polémico contrato, como los representantes legales y socios de las sociedades desde junio del 2020 hasta la fecha. El documento del emisor deberá presentar la indicación de las cuentas o los movimientos registrados”.

Para evitar más irregularidades que pongan en riesgo los recursos públicos se le ordenó a todas las entidades públicas del orden nacional, distrital, departamental y municipal (centralizadas o descentralizadas) y por servicios suspender de manera inmediata de todos los contratos o convenios que tengan con Centros Poblados de Colombia, la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora S.A.S.

Por su parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública y Colombia Compra Eficiente deberán entregar un informe sobre todos los contratos que tengan suscritos dichas empresas con las entidades públicas.

Finalmente se le ordena a la Superintendencia Financiera de Colombia identificar todos los bienes y encargos que tengan las empresas involucradas. La Cámara de Comercio, por su parte, deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de inscripción, modificación o registro mercantil a las mismas.

Esta decisión se tomó al resolver una acción popular radicada por la Procuraduría General para que se recuperara el millonario anticipo del contrato.

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