La SIC sanciona por más 8.000 millones a la Dimayor y cinco clubes por limitar la libre movilidad de jugadores.
Como prácticas antideportivas así lo determinó la Superintendencia de Industria y Comercio al investigar que cinco clubes del futbol colombiano (Deportivo Boyacá Chico Futbol Club S.A., Unión Magdalena S.A., Asociación Deportivo Pasto, Envigado Futbol Club S.A. y Club Deportivo Atlético Futbol Club S.A.), entre ellos la Dimayor, concibieron un sistema que limitó la libre competencia económica que consistía en desincentivar la movilidad de jugadores entre clubes, mediante tres patrones de conducta.
Según el documento, la SIC puedo establecer que el primer patrón consistía en una serie de comunicaciones establecidas entre varios clubes bajo conocimiento de la Dimayor, en la que se daba a conocer la situación laboral de jugadores en específico, «en estas comunicaciones se informaba, entre otros temas, la vigencia de los contratos de jugadores, los casos en los que alguno de ellos había tenido alguna supuesta falta disciplinaria, o, incluso, los casos en los que se había solicitado la terminación de un contrato”. Razón para que la SIC entrara en observación manifestando que este tipo de información no debe ser compartida entre competidores.
Como segundo patrón, en las comunicación se habla de un ‘pacto de caballeros’ o ‘solidaridad de gremio’, en el que se negaban a contratar a deportistas que hubieran tenido algún tipo de conflicto con otros presidentes. “Esto por cuanto los implicados estarían incumpliendo ese ‘pacto de caballeros’, aun cuando la eventual negociación y contratación del jugador en cuestión no violara la regulación específica del sector”.
Tercer patrón, la participación clara de la Dimayor, siendo esta la entidad máxima que rige el fútbol profesional masculino y femenino en el país, el comunicado revela que la Dimayor, en lugar de prevenir este tipo de conductas, habría intervenido directamente al permitir el “veto” de varios jugadores dentro del fútbol profesional colombiano. «Su participación en este tipo de mensajes era la forma en que los clubes buscaban una legitimación de las acciones que estaban llevando a cabo. Además, la remisión por parte de la Dimayor de algunas comunicaciones, con el conocimiento de que estas podían tener un impacto en la libre competencia, puso en evidencia el apoyo de esta agremiación a la conducta de los clubes”.
Por tal motivo, la SIC concluyo que dichas prácticas configuro un desincentivo a la movilidad, negociación y contratación de jugadores de fútbol profesional masculino, por tal motivo la existencia de estas comunicaciones fueron prueba de la materialización de la intención anticompetitiva que llevo a la limitación de la movilidad laborar de los jugadores.
La Dimayor y los clubes mencionados deberán pagar multas por más de 8.000 millones de pesos, la SIC además, indicó que hay pruebas contundentes para demostrar que la “cartelización”, que se mencionó durante varios años como un mito del deporte, en realidad fue una realidad en Colombia.
