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¿Culpable o inocente? Unos acusan y otros defienden al entrenador Pedro

La Fiscalía admite que el sistema judicial puede demorar más de 10 años para resolver denuncias por abuso sexual.

 

Hay controversia con el entrenador de baloncesto Pedro Jesús Rodríguez Marín del Club Deportivo Legendarios, que tiene sede en el barrio Santa Marta de Villavicencio.

Rodríguez, de 45 años, fue conducido por la Policía y el CTI al Caivas (Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual) para que se notificara de 6 denuncias en su contra por supuesto abuso sexual contra menores de edad que al parecer hacen parte del mencionado equipo de baloncesto.

La controversia es porque a pesar de las 6 denuncias, otros padres de familia cuyos hijos entrenan en el Club Legendarios consideran que el profesor es inocente de las acusaciones que le endilgan.

“Eso es mentira y espero que a las personas que están haciendo falsas acusaciones también les caiga todo el peso de la Ley, porque no se puede poner en tela de juicio la honra de una persona soy muy cercana al caso y sé de primera fuente que eso no es cierto”. Aseguró Ana Victoria Pérez en redes sociales.

La Fiscalía no se ha pronunciado hasta ahora sobre el caso, si bien esta semana resaltó que el Tribunal Superior de Villavicencio revocó el fallo contra José Camilo Pinzón y Gerardo Andrés Ortega Gómez, quienes habían sido absueltos por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir en fallo de primera instancia que emitió un juez penal el 30 de noviembre de 2021.

La Fiscalía apeló y en segunda instancia Pinzón fue condenado a 17 años de prisión como responsable de los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir y pornografía con personas menores de 18 años. Y Ortega fue sentenciado a 16 años de prisión por acceso carnal o acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir.

Los hechos ocurrieron en abril de 2012 cuando la víctima tenía 15 años. El fallo todavía podrá ser impugnado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo que da idea de la demora del sistema judicial colombiano para resolver estas denuncias.

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