Investigan a la Secretaría de Movilidad por no controlar el transporte informal

La Superintedencia de Transporte le dio 15 días para presentar descargos.

 

El director de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre de la Superintendencia de Transporte, Hernán Darío Otálora, abrió investigación y formuló pliego de cargos contra la Secretaría de Movilidad de Villavicencio porque supuestamente no está ejerciendo control sobre el servicio público de transporte informal e ilegal que particulares brindan en varios sectores de la ciudad.

Otálora dice que recibió tres quejas en las que se denuncian presuntas infracciones a la normatividad vigente por parte de esa secretaría. Le concedió 15 días hábiles para presentar descargos y aportar las pruebas en su defensa que considere pertinentes.

El tema no es nuevo. Desde hace más de 5 años los taxistas han protestado por la presencia de Uber y otras plataformas que ofrecen servicio público de transporte. En otros casos han denunciado amenazas en sectores como Porfía por parte de quienes prestan informalmente el servicio de transporte público.

El año pasado los concejales de Villavicencio hicieron debate sobre el transporte informal e ilegal en esta ciudad y le solicitaron a la Secretaría de Movilidad realizar operativos de control más rigurosos contra ese fenómeno.

En mayo de 2021 la queja ante la Supertransporte hablaba específicamente del transporte informal entre Villavicencio y Bogotá, y en julio el personero Jairo Andrés Becerra solicitó a la Superintendencia iniciar las acciones correspondientes contra la Secretaría de Movilidad de Villavicencio por no tomar medidas contra el transporte público ilegal mediante motocarros, motorratones, aplicaciones, grupos de whatsapp, bicitaxi y taxi colectivo.

Por último, en septiembre, la Veeduría Departamental de Movilidad aseguró que en Villavicencio hay 105 motocarros que prestan servicio público de transporte en forma informal e ilegal.

Según la Secretaría de Movilidad, en Villavicencio están autorizadas 1.001 busetas para prestar el servicio de transporte público de pasajeros colectivo, y 3.925 taxis para el transporte individual. No tiene estadísticas sobre vehículos inmovilizados por prestar servicio de transporte en forma ilegal.

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