Juzgado Administrativo decretó una medida cautelar que ordena a la Alcaldía de Villavicencio suspender de forma inmediata cualquier trámite para liquidar o liberar los fondos tras una acción popular interpuesta por la comunidad.
Mediante un auto con fecha del 21 de julio de 2026, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, decretó una medida cautelar de urgente cumplimiento contra el Municipio de Villavicencio. La providencia le ordena a la administración municipal y a su Secretaría de Infraestructura la suspensión inmediata de cualquier acto administrativo, trámite o procedimiento dirigido a liquidar, terminar, cerrar, liberar o reasignar los recursos del proyecto «Placa Huella Vereda San José Santa Teresa» (identificado con el código BPIN 2022500010007).
La decisión judicial responde a la demanda de Acción Popular interpuesta por el Comité de Vigilancia Ciudadana «Por una Placa Huella Digna». La comunidad alegó que la intención de la Alcaldía de desistir del trámite de ajuste y avanzar hacia la liquidación del proyecto, generaría un daño irreparable, provocando la pérdida definitiva de los fondos asignados por el Sistema General de Regalías (SGR) y dejando desprotegidos a los habitantes de este sector rural.
En el expediente judicial se revelaron datos críticos extraídos de informes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Transporte sobre el estado real de la obra:
-
Avance casi nulo: Según reporte del DNP con corte a abril de 2026, la obra presenta un avance físico de apenas 1.84% y un avance financiero del 0.80%.
-
Parálisis prolongada: El contrato de obra Nro. 3644 de 2023 (por un valor superior a los $2.218 millones) acumula 240 días de suspensión (8 meses), superando el plazo inicial total de ejecución de la obra, que era de 5 meses.
-
Fallas de diseño e incremento de presupuesto: En enero de 2026, el Ministerio de Transporte emitió un concepto no favorable a la solicitud de ajuste formulada por la Alcaldía, al detectar que pretendían incrementar el presupuesto en un 41.40% (pasando de $2.545 millones a más de $3.599 millones) con «inconsistencias técnicas» e «incrementos artificiales» de costos. Asimismo, la administración pretendía eliminar injustificadamente obras de contención y gaviones en puntos críticos de riesgo vial.
Ante las observaciones técnicas, la Secretaría de Infraestructura de Villavicencio decidió desistir del trámite de ajuste el 4 de febrero de 2026 e iniciar el proceso de liquidación, argumentando una «imposibilidad jurídica«.
Sin embargo, el Juzgado desestimó la posición del Municipio al constatar que el propio Ministerio de Transporte aclaró en junio de 2026 que el trámite de subsanación sigue abierto y que la entidad ejecutora tiene la potestad de corregir los diseños y volver a presentar el proyecto ante el OCAD PAZ, pues el marco normativo del SGR no impone un límite de tiempo para ello.
«Utilizar sus propios errores de planeación como excusa para alegar una ‘imposibilidad jurídica de ajuste‘ constituye una elusión manifiesta de sus deberes constitucionales», advirtió el Despacho Judicial en la providencia, subrayando que si se permite la liquidación, el código BPIN se extinguiría y los recursos se reasignarían a la bolsa común del SGR, haciendo imposible la ejecución de la vía.
Además de frenar la liquidación de los recursos, en el segundo punto resolutivo del fallo la juez exhortó a la Alcaldía de Villavicencio a que, en lugar de cerrar el proyecto, acuda de manera inmediata ante la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del DNP y el Ministerio de Transporte para convocar mesas de asistencia técnica.
