JEP imputa a 30 militares por falsos positivos en el Meta, entre ellos tres generales retirados.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de 30 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos tres generales retirados, por la presunta comisión de “falsos positivos” en el departamento del Meta, dentro del expediente conocido como caso 003, que abarca a 4.653 víctimas.
Los imputados deberán responder por 209 homicidios, de los cuales 65 habrían estado seguidos de desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio. Según la JEP, los hechos ocurrieron entre 2002 y 2007 y fueron calificados por la jurisdicción como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Quiénes son los imputados.
La JEP informó que entre los 30 llamados a responder figuran:
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20 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 21 “Batalla Pantano de Vargas” (BIVAR).
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7 exintegrantes del Gaula Rural Meta (GAMET).
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Tres generales retirados: Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Francisco José Ardila Uribe y Carlos Eduardo Ávila Beltrán.
De acuerdo con la investigación liderada por la JEP, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en Meta se configuraron “estrechas relaciones” entre miembros del Ejército Nacional y el Bloque Centauros de las autodefensas. Esas relaciones, dice la jurisdicción, se manifestaron de tres formas principales:
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Operatividad conjunta. Coordinación en operaciones militares (defensivas y ofensivas), entre fuerzas estatales y grupos paramilitares.
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Permisividad frente a los paramilitares. Ausencia de operaciones militares dirigidas en su contra y tolerancia frente a crímenes cometidos por estos grupos contra la población civil.
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Presentación de bajas falsas en combate. La práctica de reportar como “muertos en combate” a civiles asesinados, conocidos como “falsos positivos”, que, según la JEP, se convirtió en la retribución principal que los paramilitares acordaron con algunas unidades de la fuerza pública a cambio de permitirles delinquir, incluido el narcotráfico.
La JEP afirma que la presentación de bajas falsas en combate no fue un problema aislado ni atribuible únicamente a “manzanas podridas”, sino a una práctica sistemática ejecutada por unidades militares en distintas regiones del país.
En la consolidación de la investigación la JEP escuchó testimonios relevantes de exparamilitares, entre ellos:
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Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
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Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata.
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Luis Arlex Arango Cárdenas, alias Chatarro.
Estos testimonios habrían contribuido a establecer la relación operativa y las modalidades mediante las cuales se cometieron las violaciones investigadas.
Participación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
La JEP también señaló que se determinó la participación de integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en operaciones de apoyo aéreo cercano en las que murieron personas que luego fueron presentadas como bajas en combate. No obstante, por el momento la jurisdicción indicó queno encontró evidencia de conocimiento doloso o participación intencional de la FAC en la comisión de tales crímenes. La JEP consideró plausible que miembros de la FAC pudieran haber sido manipulados por integrantes del BIVAR con el fin de dar apariencia de legalidad a actuaciones criminales.
Declaración sobre imprescriptibilidad y patrón nacional.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP declaró la imprescriptibilidad de la acción penal respecto de 42 homicidios agravados que fueron reportados como bajas en combate. Además, la magistrada Catalina Díaz Gómez, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, afirmó que existe evidencia de un patrón macrocriminal nacional, hechos similares ocurrieron en varias regiones del país con el mismo modus operandi y modalidades de acción criminal. En la misma línea, el presidente de la Sala, magistrado Óscar Parra Vera, sostuvo que no se trató de episodios desconectados, sino de una práctica reiterada en distintas unidades.
Los 30 comparecientes imputados por la JEP tienen 15 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos y las responsabilidades atribuidas.
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Si reconocen responsabilidad: seguirán los mecanismos de la JEP para reconocimiento de verdad y eventual sanción transicional.
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Si no reconocen responsabilidad: sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, que evaluará si formula cargos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.
La JEP advirtió que, de ser hallados culpables en la vía penal correspondiente, los implicados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
