Gobierno declara estado de emergencia económica en ocho departamentos.
Mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos del país tras el impacto de un evento hidrometeorológico excepcional que dejó más de 252.000 personas afectadas.
La medida cobija a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, y tendrá una vigencia de 30 días calendario. La decisión se fundamenta en la gravedad y carácter atípico de las lluvias, vientos y oleajes registrados entre el 1 y el 6 de febrero, que generaron una crisis humanitaria y daños en infraestructura pública y privada.
¿Qué establece el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026?
El decreto se sustenta en el artículo 215 de la Constitución Política, que faculta al presidente para declarar el estado de emergencia cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar de manera grave e inminente el orden económico, social o ecológico, o cuando se configure una situación de grave calamidad pública.
En su articulado, la norma dispone:
Artículo 1. Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los ocho departamentos priorizados por un período de 30 días.
Artículo 2. Señala que el Gobierno ejercerá las facultades constitucionales asociadas a este mecanismo excepcional, conforme al artículo 215 de la Carta Política.
Artículo 3. Autoriza la expedición de decretos legislativos para adoptar medidas urgentes y realizar las operaciones presupuestales necesarias que permitan atender la crisis.
Artículo 4. Ordena convocar al Congreso de la República, en cumplimiento de la Constitución y la ley estatutaria de estados de excepción, con el fin de garantizar el control político.
Con esta declaratoria, el Ejecutivo queda habilitado para expedir normas con fuerza de ley orientadas a enfrentar la emergencia, agilizar recursos y adoptar decisiones extraordinarias en materia económica, social y ambiental.
Un fenómeno atípico y de baja previsibilidad.
La decisión del Gobierno se apoya en los análisis técnicos del Ideam y la Dirección General Marítima (DIMAR), que calificaron el evento como atípico y de baja previsibilidad climática. Según las autoridades, el fenómeno estuvo asociado al desplazamiento anómalo de un frente frío hacia el Caribe colombiano, un comportamiento poco frecuente en los patrones atmosféricos históricos del país.
Esta alteración produjo un fortalecimiento inusual de los vientos superficiales y oleajes por encima de los rangos climatológicos normales, generando mar de leva, lluvias intensas y la ocurrencia simultánea de eventos extremos.
En amplios sectores del Caribe, los acumulados de precipitación superaron entre el 130% y más del 180% del promedio mensual histórico. En términos prácticos, en apenas unos días cayó el equivalente a un mes completo de lluvias, una situación estadísticamente inusual.
Las autoridades también advirtieron que el número de alertas hidrológicas emitidas en febrero de 2026 superó los registros de los últimos seis años, reflejando la magnitud del fenómeno.
Balance de la emergencia.
De acuerdo con el consolidado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el evento dejó:
-
65 emergencias registradas
-
61 municipios afectados
-
Más de 69.000 familias damnificadas
-
Más de 252.000 personas impactadas
-
10 personas fallecidas
Las afectaciones incluyen inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa, así como daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, centros educativos y de salud. También se reportaron pérdidas en áreas productivas, lo que compromete la estabilidad económica de numerosas comunidades.
Alcance y próximos pasos.
Con la declaratoria del Estado de Emergencia, el Gobierno nacional podrá implementar medidas extraordinarias para atender a la población afectada, acelerar la reconstrucción de infraestructura y destinar recursos adicionales para mitigar los impactos económicos y sociales. Asimismo, el Congreso deberá ejercer control político sobre las medidas que se adopten durante la vigencia del estado de excepción, en cumplimiento de los mecanismos constitucionales previstos para este tipo de situaciones.
La emergencia pone nuevamente en el centro del debate la vulnerabilidad de varias regiones del país frente a fenómenos climáticos extremos y la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención, adaptación y gestión del riesgo.
